ojarasca jornada cheran

Los herederos de Cherán. Fotos: Víctor Camacho / La Jornada

 

Sarayaku, Ecuador

El territorio es la vida

 

Mario Melo  

 

La humanidad no puede liberarse de la violencia

más que por medio de la no violencia.

Gandhi

En 1996, el Estado ecuatoriano concesionó el Bloque 23, que afecta un 60 por ciento del territorio del pueblo originario kichwa de Sarayaku, a favor de la Compañía General de Combustibles (CGC) de Argentina. Esta concesión fue realizada sin que haya precedido por parte del Estado ecuatoriano ningún proceso de información, consulta o pedido de consentimiento al pueblo de Sarayaku para la realización de actividades petroleras en el territorio de su propiedad.

Desde 1996 Sarayaku ha expresado su rechazo a la actividad petrolera en su territorio, fundamentado en los enormes impactos negativos que dicha actividad provoca en su territorio sagrado, en la calidad de vida de sus miembros, en su forma de vida y opciones de desarrollo, en su espiritualidad, en el ambiente amazónico, en la paz social  y en la  integridad de todos.

Sin embargo, durante el último trimestre de 2002 y el primer trimestre de 2003, la cgc ingresó reiteradamente al territorio de Sarayaku, contra la voluntad del legítimo propietario, para realizar investigaciones sísmicas altamente destructivas. Para intentar detener la campaña sísmica, Sarayaku se declaró en emergencia por siete meses y movilizó a sus pobladores, hombres, mujeres, jóvenes y niños a resguardar su territorio en los Campos de Paz y Vida en medio de la selva, donde se estaba produciendo la invasión armada de la CGC y el ejército. Esta decisión implicó graves riesgos para los miembros de Sarayaku.

Según el Ministerio de Energía, existen 476 puntos dentro del territorio de Sarayaku y el territorio Achuar en donde la CGC colocó, sin conocimiento de los afectados y sin haberlos consultado antes, cargas de entre tres y cinco kilos de pentolita, un explosivo de alto poder. En total hay mil 433 kilos (casi tonelada y media) de explosivos sembrados a 12 metros de profundidad, y una cantidad no determinada en la superficie de la selva sagrada de Sarayaku, en sus lugares de caza, en sitios donde niños y jóvenes transitan en busca del sustento. La información que dio el Ministerio es que ese explosivo es muy peligroso y las cargas pueden detonarse accidentalmente con mucha facilidad.

A inicios de 2003, Sarayaku solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su intervención urgente en salvaguardia de sus derechos violados durante la campaña de sísmica de la CGC. En mayo, la Comisión dictó medidas cautelares a favor de la comunidad y de su especial relación con su territorio. El Estado ecuatoriano desoyó sistemáticamente dichas medidas. 

Frente al incumplimiento, la (CIDH) solicitó a la Corte Interamericana dictar medidas provisionales a favor de Sarayaku, las mismas que fueron otorgadas en julio de 2004. Dichas medidas buscan proteger a los miembros de Sarayaku, la investigación de la violencia cometida en su contra y la garantía efectiva del derecho al libre tránsito violentado por el arbitrario bloqueo del río Bobonaza por aliados de la petrolera, como medida de presión para que Sarayaku desista de las acciones legales y entre a negociar.

Ante el nuevo incumplimiento del Estado ecuatoriano, la Corte, en junio de 2005 ratificó las medidas y las amplió incorporando la disposición de que se retiren urgentemente los explosivos dejados por la CGC en territorio de Sarayaku. Hasta la primera mitad de 2007, en los primeros meses del gobierno del presidente Rafael Correa, el Estado, a través del Ministerio de Energía y Minas, aceptó la disposición de la CIDH. Y desde entonces el Ministerio de Minas y Petróleo  gestionó el retiro de los explosivos, que empezaría a cristalizarse a fines del mismo año. Para diciembre de 2009, con el concurso del Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional, se habían retirado apenas 14 kilogramos de explosivos y el proceso se suspendió hasta la fecha.

Todo este esfuerzo del gobierno por cumplir las disposiciones de la Corte, destinadas a proteger los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, se diluyó. El 8 de mayo de 2009, el ministro de Minas y Petróleo autorizó sorpresivamente el reinicio de las operaciones petroleras en los Bloques 23 y 24, a las que el pueblo de Sarayaku y las nacionalidades shuar y achuar se oponen desde finales de los noventa. Esta autorización también va abiertamente en contra de otras decisiones de organismos internacionales de derechos humanos que amparan a los indígenas. Aun cuando el reinicio de actividades dispuesto no fue acatado por la cgc, este hecho demuestra la frágil situación en la que se encuentra Sarayaku.

Peor aún, en la renegociación del contrato del Bloque 10 entre el gobierno del presidente Correa y la empresa agip, celebrada en noviembre de 2010, las autoridades entregaron a dicha petrolera una porción del Bloque 23 que afecta el territorio de varios pueblos indígenas amazónicos. Sarayaku queda también afectado por el Bloque 10. Esta redefinición del Bloque se hizo, nuevamente, a espaldas de las nacionalidades y pueblo, sin habérseles consultado ni pedido consentimiento, pese a la gravedad de los efectos que esa decisión traerá a sus vidas y territorios.

El 26 de enero de 2010, la cidh emitió una resolución respecto al caso.

Ahora el caso ha sido remitido a la cidh.  Los días 6 y 7 de julio de este año, en San José, Costa Rica, se llevará a cabo la audiencia de Sarayaku. Esta diligencia es crucial porque en ella el pueblo kichwa de Sarayaku, de la Amazonía ecuatoriana, presentará ante los jueces sus alegatos orales, así como  las pruebas testimoniales y periciales con las que demostrará las violaciones de derechos humanos que sufrió durante la actividad petrolera del Bloque 23. Desde Sarayaku viajará a Costa Rica una delegación de líderes, sabios tradicionales, hombres y mujeres de la comunidad.

La Corte dictará una sentencia que es esperada con expectativa por pueblos indígenas y expertos del mundo entero y en especial del continente americano, pues sentaría nuevos precedentes respecto al derecho a la consulta previa y al consentimiento de las comunidades afectadas por proyectos petroleros. Para Ecuador esa sentencia, que deberá ser cumplida obligatoriamente por el Estado, traerá grandes repercusiones pues zanjará un debate, muy intenso en los últimos años, respecto al alcance del derecho a la consulta y de los derechos territoriales de los pueblos indígenas afectados por proyectos de explotación de recursos naturales propiciados por el Estado.

El autor es abogado del pueblo de Sarayaku.