En Centroamérica
¿Gobiernos privatizados?
San José, Costa Rica. Si alguna vez nos hemos quejado del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, tendríamos que pensar que México es el país que ha firmado más tratados y acuerdos comerciales, de cooperación científica y técnica, de seguridad (y cuanta vaina nos imaginemos con quién sabe qué tantos países e instituciones extranjeras). México fue el proyecto piloto de una serie de tratados y acuerdos que ahora proliferan por toda nuestra América y que tienen más que preocupados los países del área, incluso Costa Rica, “el país más feliz de la tierra” , como la llaman los promotores de la visión idílica que envuelve a esa nación que también fue, a mucha honra, una de las que más peleó, como sociedad civil, contra el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (TLC-EUCARD).
Este tratado, como todos los que hoy se firman, ya no podemos entenderlo como acuerdo o tratado de comercio, sea libre, condicionado o sesgado. En realidad son sistemas de imposición de una matriz de gobierno y formas de relación que se acomodan (paso a paso y requisito a requisito) desde los niveles de decisión más altos hasta lo más local. Desmantela la institución gubernamental y la sustituye con regulaciones, estándares, criterios, normas técnicas, de sanidad, transporte, calidad, que deberían ser materia pública pero que va quedando subsumida por cláusulas impuestas por otros países. ¿Y la soberanía nacional?
Un ejemplo extremo, y reciente, ocurre en Heredia, municipio conurbado con San José, capital de Costa Rica, donde la “entidad de servicio público” fue concesionada a una empresa privada que, con nuevas leyes a modo, está acaparando servicios público, y su planeación, administración, operación, desarrollo, mantenimiento, evaluación. Hablamos del servicio de agua potable, la infraestructura del alcantarillado, el alumbrado, la recolección de basura. Ahora alardean de que hasta la seguridad pública. Y todo regulado (aunque se trate de “servicios públicos”) por leyes más laxas que regulan la actuación de las empresas privadas. Claro, tener el control del agua en esas condiciones pone a esta “entidad de servicio público” en condiciones buenísimas para decidir muchas cuestiones en la municipalidad; contar con un sello de disponibilidad (de agua potable) es requisito para el desarrollo urbano, el loteo, la construcción, la calificación de nuevo comercio. Como resultado, estas empresas terminan definiendo el desarrollo urbano de la localidad en todos sus rubros, lo que significa que en Costa Rica está en marcha un experimento, basado en los tratados de libre comercio, donde se buscan maneras de privatizar más y más áreas del gobierno. ¿Y el bien común, el servicio a la ciudadanía?
A quienes promueven estos inquietantes desarrollos les parece normal esta vuelta, porque así, dicen, el gobierno se descarga, y puede ocuparse de cuestiones “más de fondo”. Tal entidad, organizada con la figura de una sociedad anónima aunque sea una empresa pública, termina siendo una instancia u órgano semiautónomo, incluso en su régimen de contratación laboral.
Según GRAIN, además está lo que ahora llaman “huracán Wal Mart”, que en toda Centroamérica vino a desmantelar los sistemas agrícolas y los mercados tradicionales, arrasados por los grandes almacenes y sus empresas subsidiarias de comercialización. “Uno de cada tres colones gastados por los costarricenses en comida lo gastan en Walmart”. Además, vienen empujando fuerte la minería a cielo abierto, los agrocombustibles, la palma africana, los monocultivos de piña inundados de agrotóxicos y los programas de compensación que pretenden vaciar el campo y llenar las ciudades. Más los cárteles de delincuencia, como en todo el continente. Centroamérica se hace cosmopolita.
Ramón Vera Herrera