El gobierno mexicano sigue sin acatar las recomendaciones de organismos internacionales sobre la seguridad de los trabajadores de minas de carbón, y debido a ello, los siniestros son continuos. Tan sólo en los últimos cinco años, 124 han fallecido en minas de Coahuila, 59 de ellos posteriores al fatal accidente en Pasta de Conchos, advierten familiares de los afectados en un documento que el senador Ricardo García Cervantes (PAN) entregó a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Navi Pillay.

En el escrito piden a la representante de Naciones Unidas que se sume a la exigencia que diversas organizaciones han formulado al gobierno de Felipe Calderón para que se rescaten los restos de los 63 trabajadores muertos por la explosión en la mina ocho de Pasta de Conchos y para dar solución a las demandas insatisfechas de 600 deudos, entre ellos 160 huérfanos.

En el documento –que el panista entregó a Pillay durante la reunión que sostuvo con senadores– resaltan el incumplimiento del gobierno federal a convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre seguridad en las minas y la poca atención a resoluciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en torno a violaciones a la vida, integridad física e higiene y seguridad laboral y jurídica de los mineros y sus familias.

Advierten que entre 2010 y lo que va de este año casi se duplicó el número de fallecimientos en accidentes en minas, al pasar de 13 a 22 muertos.

Lo más agraviante de estas violaciones y símbolo universal de inhumanidad es la negativa del gobierno mexicano para recuperar los restos de los 63 mineros que aún yacen en la mina ocho, luego de cinco años del percance, señalan a la alta comisionada de la ONU integrantes de Familia Pasta de Conchos, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) y otras organizaciones no gubernamentales.

Lo que demandan es hacer valer un derecho inherente a todos los seres humanos: enterrar a sus muertos y la reparación y rehabilitación fundamental y básica de un daño irreparable.

Hacen notar que desde la conferencia de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, que se efectuó en junio del año pasado, fallecieron 32 mineros más. Cuatro en Sonora y 25 en las minas de carbón, en Coahuila: pocitos El Bóker, El Tesoro, Tres Hermanas, y Pozo Tres.

Triste y dolorosamente, un nuevo siniestro ocurrido el 3 de mayo pasado provocó la muerte de otros 14 mineros en Coahuila, en una región que no acaba de reponerse de un siniestro cuando el otro ya toca a la puerta, y ha venido a confirmar lo que hemos venido señalando a los organismos de la OIT.

Los 14 mineros muertos en el pozo tres, que operaba sin notificación alguna, tenían 24 años de edad en promedio y dejan 37 huérfanos y 13 viudas de entre 22 y 23 años de edad en promedio. Este nuevo caso prueba las denuncias que hemos hecho desde hace cinco años, sobre el subregistro de trabajadores en el IMSS, el trabajo infantil, la subcontratación y la minería ilegal.

Anexan a la alta comisionada de la ONU en materia de derechos humanos el quinto informe que elaboraron, a partir del análisis de las actas de inspección de minas de carbón, pocitos, tajos y minas subterráneas, que llevó a cabo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de 2008 a 2010.

“Del mismo se desprende que el deterioro en las condiciones laborales en las minas de carbón es mayor de un año a otro, a pesar de la vigencia de la Norma 032. Señalan que de 32 minas inspeccionadas, en 17 la STPS ordenó restringir el acceso de los trabajadores para extraer carbón debido a que las condiciones en que se está operando ponen en riesgo su integridad y su vida. Sin embargo, en las 17 continúan las labores y en tres han muerto tres mineros.