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Directora General: CARMEN LIRA SAADE Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER Domingo 31 de julio de 2011 Num: 856 |
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Orlando Ortiz Me pregunto… En la columna anterior expresé mi temor por lo que podría suceder cuando el Estado le gane la guerra (esto, de una u otra manera será lo que ocurra) a la delincuencia organizada en sus modalidades narco, plagiarios, “protectores” y raleas por el estilo. Escribí en esa columna que en el siglo XIX, a partir de la lucha por la independencia, se sucedieron numerosas guerras de índole diversa, desde luchas intestinas (¿guerras civiles?) hasta en defensa de la Patria y la soberanía nacional. En cada uno de estos beligerantes momentos se improvisaron ejércitos, se les armó con lo que hubiera y posteriormente, cuando las aguas retomaron su nivel, se les licenció. Esos militares, al quedar de pronto sin salario ni trabajo, y sabiendo manejar las armas y acostumbrados a rifarse la vida, sin pensarlo dos veces se convertían en salteadores de caminos, secuestradores, abigeos, delincuentes de toda laya. Y, como dije hace un mes, mi temor es que algo similar ocurra cuando el Estado gane la guerra contra la delincuencia organizada. Podría replicárseme que lo anterior ocurrió en el siglo antepasado, cuando las condiciones sociales y económicas y políticas eran otras. Sin embargo, no son pocos los ejemplos de hechos similares (aunque de menor tamaño) ocurridos en la centena anterior, y también en la actual, cuando atrapan delincuentes y declaran haber pertenecido a algún cuerpo policíaco o incluso ser desertores del ejército. La inquietud está allí y, me parece, tendría que comenzarse a tomar medidas al respecto.
Hay algo que también me inquieta y me lleva a la siguiente pregunta: ¿el problema actual de violencia se resolvería retirando al ejército de las calles? Es fácil exigir que la tropa sea retirada cuando no se vive en las ciudades ocupadas por las bandas de delincuentes que lo mismo roban, secuestran, asesinan, decapitan, venden droga o protección a una población inerme e incapaz de hacerles frente, o por lo menos oponer resistencia. Sí, es cierto, esa actividad del ejército es “ilegal” porque ninguna ley o reglamento la respalda; sin embargo, al ser, por ley, el presidente de la República el jefe nato de las fuerzas armadas, se puede argumentar que el ejército sólo está acatando órdenes, y en caso de negarse podría ser acusado y juzgado por insubordinación. Todavía más: retirar de las calles a los soldados significaría dejar a esos pueblos en la indefensión total, pues las policías locales –por omisión o corrupción– son un cero a la izquierda. Y es terrible ver las sangrientas tropelías de todos los cárteles, así como el cinismo y la saña con la que actúan. (Una repasadita de los videos que se han subido a la red sería más que suficiente para constatar la bestialidad de esos grupos.) Si bien no me entusiasma que la tropa esté desempeñando tareas ajenas al cometido que le asigna la Constitución, y muy lejanas a su espíritu de cuerpo, me parece que no hay otra opción, por el momento. Debe protegerse a la población civil. También me pregunto si los males se remediarían con más educación. No lo dudo. El problema es que tal medida, reforzada por una multiplicación de las actividades culturales, sería efectiva… a largo plazo. Por el momento, en el mejor de los casos, podría evitar que miles de jóvenes optaran por incorporarse a las filas de los cárteles, pero no impediría las atrocidades de los que ya forman parte de ellos. Hasta el momento de escribir estas líneas, el Ejecutivo asumió su responsabilidad (la parte que le toca) en el encuentro de Chapultepec, pero según parece seguimos aferrados al oprobioso presidencialismo, pues ignoramos los otros poderes: el Legislativo y el Judicial, que son corresponsables de cuanto sucede, al igual que los gobernadores. Y una muestra de lo antes dicho es que por el lado del Legislativo, les preocupa más actuar en función de los intereses electoreros de sus respectivos partidos (las elecciones son primero) que del país; y el Judicial, por corrupción, omisión o miedo, libera a los delincuentes perrones (dirían mis paisanos). Más dramático es el caso de los estados, donde los gobernadores se acogen a “papá gobierno federal” para que le resuelva los problemas; esto ha implicado que en las entidades en las que se ha avanzado en la lucha contra los cárteles, debido a la indiferencia de las policías locales se ha incrementado el número de delitos del orden común: atracos callejeros, asaltos a casas habitación, etcétera. Por eso me pregunto: ¿Qué demonios se puede hacer? En principio, me respondería: despolitizar el combate al crimen organizado y al “desorganizado”. |
