La Secretaría de Gobernación redujo sustancialmente las metas de registro de datos y expedición de la cédula de identidad personal (registro de menores de edad), debido a obstáculos técnicos, de logística y presupuestales.

En enero pasado, cuando se lanzó este proyecto, Gobernación calculó que de cerca de 26 millones de menores de entre 4 y 17 años de edad, al término del presente año habría capturado los datos generales y biométricos de cerca de 13 millones. Este mes, a tres años del anuncio de la expedición del mecanismo de identidad para todos los mexicanos, que serviría también de herramienta en el plan de seguridad, sólo se ha captado la información de 1.5 millones de menores, esto es, 6.06 por ciento de la meta nacional.

Mientras los ministros de la Suprema Corte analizan una controversia constitucional promovida por la Cámara de Diputados que impugna parte del reglamento para esta expedición, especialmente la toma de fotografías del iris, Gobernación ajusta a la baja sus planes y asegura que a finales de 2011 podría tener el registro de 5 millones de menores. Sin embargo, aún no define los estudios técnicos, científicos y presupuestales respecto de lo podría hacer para concluir exitosamente esta primera etapa, es decir, no se sabe aún cuándo y cómo captará los datos de los bebés y niños desde recién nacidos hasta cuatro años de edad, y tampoco precisa el tiempo y la forma en que a la larga aplicará este método para dar una cédula de identidad a unos 80 millones de adultos.

La expedición de un documento de identidad, obligación legal para el Estado, continúa no sólo como un tema polémico (por las medidas de seguridad que se determinen), sino porque ha sido pospuesto casi dos décadas y, ahora que se decidió ponerlo en marcha, se enfrenta a rezagos y planes que no se han podido cumplir. Inicialmente se dijo en 2008, en el contexto del Acuerdo por la Seguridad, que habría cédula para todos tres años después. El plazo ya se cumplió y Gobernación da apenas cuenta de que al primero de agosto pasado se habían captado un millón 505 mil 790 registros, equivalentes, como se dijo, a 6 por ciento de la meta nacional y 38 por ciento de los estados en operación: Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Colima, Guanajuato, Jalisco y Sinaloa.

De los estados en referencia sólo Baja California tiene, con 335 mil 507 registros, la etapa de captación concluida; el resto sigue con el proceso en marcha y se espera, sin embargo, iniciar la captación de datos en Morelos y Puebla, aunque todavía no hay fecha para que se dé inicio en las entidades más pobladas del país. Según esta perspectiva el Distrito Federal y el estado de México tendrían su turno el año entrante.

La captación de datos se inició en esta primera etapa en las escuelas de educación básica y algunas oficinas del registro civil, con base en el apoyo de 2 mil equipos con maletines portátiles para todo el país, vendidos por la trasnacional Smartmatic, a través de un polémico contrato de licitación por casi 300 millones de pesos.

Consultado al respecto, el nuevo titular del Registro Nacional de Población (Renapo), Alberto Alonso y Coria, confirmó este ajuste de planes: hemos tenido que poner metas más cercanas a la realidad, porque hemos tenido algunos elementos que son comunes en el arranque en un proyecto de esta naturaleza que han hecho que tengamos un ajuste, una visión más realista de hasta dónde podemos llegar.

En la primera entrevista que concede en su nuevo cargo, el que fue responsable del Registro Federal de Electores por nueve años, precisó algunos de los objetivos a cumplir en este proyecto nacional que, según expresó, poco a poco ha ido penetrando y, en consecuencia, multiplicando la aceptación de los padres o tutores, cuyo permiso por escrito es indispensable para proceder a este registro.

Al igual que otros funcionarios de Gobernación, Alonso y Coria puntualizó cada uno de los pasos con base en los cuales se asegura que habrá seguridad en la confidencialidad de los datos. Existe la certeza que no hay ningún tipo de fisura, aseveró quien en su paso por el Instituto Federal Electoral debió responder por la filtración del padrón de electores con fines no autorizados por la ley, como el lucro obtenido con esta lista nominal. Le aseguró que no fue por asuntos técnicos, comentó al poner por delante el trabajo de protección de datos personales en el que participa el Ifai.

Si embargo, defendió la necesidad de que la cédula tenga la dupla huella-iris como única forma de dar un nivel de seguridad y especialización a este nuevo registro nacional.

Admitió que será necesario esperar el resolutivo que sobre este tema emita la Suprema Corte y se determine si Gobernación, a través del Renapo, puede continuar en los términos actuales con la recopilación de datos o se someterá el proceso a una nueva etapa de tumbos, saltos y ajuste de metas. En esto se deberá determinar también qué va a pasar con la eventual compatibilidad de la cédula como mecanismo oficial de identidad oficial, con validez en México y el extranjero, y la credencial para votar con fotografía. El año pasado Gobernación y el IFE iniciaron negociaciones para firmar un convenio en el que posiblemente los datos de uno y otro tipo hubieran quedo inscritos en un documento único para identificarse y sufragar.

Al respecto, el director del Renapo comentó que el tema de la vinculación credencia-cédula está abierto; el propio Poder Legislativo lo dejó en discusión. Está claro que en este momento nuestro proyecto es la emisión de la cédula para menores, señaló.