El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidirá, por primera vez, la posibilidad de reconocer las características especiales de las radios comunitarias, cuya operación fue impugnada por cientos de concesionarias afiliadas a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT).

En la sesión del 27 de junio pasado, el Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó el reglamento de radio y televisión, en el cual incorporó un apartado para permitir un pautaje especial para estas emisoras, al considerar que son permisionarios sin fines de lucro y sin cobijo del presupuesto público.

No obstante, para la CIRT las 15 radios comunitarias que fueron incluidas por el IFE para estas medidas especiales constituyen un factor de inequidad que abre la puerta, aseguran, para reconocer a las radios piratas.

Argumentan que la definición de radios comunitarias no existe en la ley (la norma define sólo concesionarios y permisionarios), aunque quienes defienden la aprobación de las características particulares de estas radiodifusoras –que atienden fundamentalmente zonas rurales y apartadas– refutan a la CIRT. Señalan que, en tal caso, la ley tampoco prevé los combos, mecanismos para ampliar los negocios de los concesionarios.

Las radios comunitarias tienen registro de las autoridades federales de comunicaciones y se ha demostrado que operan con recursos precarios, por lo que no tendrían posibilidad de atender el pautaje de transmisión de promocionales electorales durante el proceso electoral 2011-2012, lapso en que el IFE se convierte en administrador único de los tiempos oficiales.

Héctor Villarreal, subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, señaló que esta dependencia reconoce que detrás del modelo de radiodifusión comunitaria hay necesidades reales de carácter social y demandas legítimas de participación de los pueblos en materia de comunicación.

Ese modelo –dijo– es una realidad en muchos entornos democráticos y actualmente operan en el país, sin fines de lucro, estaciones gestionadas por asociaciones civiles o comunidades.

Hemos dicho que no hay mejor manera de operación de las radios comunitarias que dándoles ese reconocimiento legal, reconocimiento explícito en las normas. Se trata de un modelo que puede convivir perfectamente, de manera constructiva, con la radiodifusión del servicio público y, por supuesto, con la comercial. Son modelos diferentes y no se trata de que compitan sino que convivan de manera ordenada, en el marco de la ley, señaló Villarreal.

Añadió que es necesario precisar condiciones y normas para los medios de carácter social, cuya función es distinta de las estaciones comerciales.

Aunque el fondo de la controversia por el reglamento de radio y televisión es la reducción de plazos para la transmisión de promocionales, la impugnación se extiende hacia los preceptos especiales para las radios comunitarias, promovidas por el consejero Marco Antonio Baños.

Ante ello, la última palabra la tendrán los magistrados del TEPJF al momento de decidir el futuro del reglamento en mención.

No hay todavía una fecha programada para la sesión en la que se presentará el proyecto de resolución respecto de las apelaciones promovidas en bloque y, en lo individual, por la CIRT, sus afiliados y, paralelamente pero con los mismos argumentos, el PRI.

Por lo pronto, el IFE se encuentra en periodo vacacional de dos semanas y, en la sala superior del TEPJF está en puerta la designación de su presidente, en sustitución, o la relección de María del Carmen Alanís.

En el bienio 2004-2005, Gobernación recibió y procesó 11 solicitudes de permisos suscritos por asociaciones civiles que plantearon proyectos para la operación de emisoras con fines de servicio comunitario. Posteriormente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó los primeros 11 permisos, lo que dio paso al reconocimiento legal de este tipo de emisoras.

En el reciente lustro, se recibieron 10 solicitudes más.