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Devastación, de la mano de concesiones mineras

Bajo gobiernos panistas se entregó 26% del territorio; 757 proyectos son de capital foráneo

Angélica Enciso
 
Periódico La Jornada
Lunes 8 de agosto de 2011, p. 44

El gobierno federal concesionó durante la década anterior de gestiones panistas 26 por ciento del territorio nacional, alrededor de 56 millones de hectáreas, a la industria minera y están en marcha 757 proyectos extractivos de capital extranjero. Gran parte de esa superficie es de propiedad ejidal y la presencia de las empresas en las comunidades ha ocasionado conflictos sociales, además de la destrucción de bosques y selvas.

Sólo las reservas de oro de México tienen un valor de unos 112 mil millones de dólares, un billón 342 mil 483 millones de pesos –40 por ciento del Presupuesto de Egresos de 2011–, y están repartidas en 43 proyectos, reporta Metals Economics Group.

El auge mundial de metales preciosos, con el precio del oro en ascenso –cuya onza durante las recientes semanas ha ido al alza hasta llegar a principios de agosto a mil 644 dólares–, llevó a la puesta en marcha de importantes proyectos, y 73 por ciento de las compañías que operan son canadienses.

El país es el cuarto destino más atractivo en el mundo y el primero en América Latina para las inversiones en explotación minera, señala la Cámara Minera de México (Camimex) en su informe anual 2011.

Durante 2010, las 18 principales unidades mineras en operación generaron 2 millones 29 mil onzas de oro, alrededor de 2 mil 483 millones de dólares –con el precio promedio de mil 224 dólares la onza durante 2010-, reporta el organismo. Esto equivale a 30 mil millones de pesos.

Pero esa riqueza trae consigo un alto impacto ambiental, territorial y social. Provoca  devastación forestal y vegetal; expulsa ejidatarios, campesinos e indígenas de sus tierras y degrada el medio ambiente de forma irreversible, señala Gustavo Castro Soto, de la organización Otros Mundos de Chiapas, y experto en el tema.

Generalmente la minería usa el método de tajo abierto, que consiste en la demolición de montañas enteras con dinamita. Los estallidos son de tal magnitud que pueden formar cráteres de varios kilómetros de extensión, según el tamaño del proyecto. Las toneladas de tierra que se remueven se trituran y con el uso de químicos, generalmente cianuro, se extraen los metales, explica Andrés Barreda, académico de la Facultad de Economía de la UNAM.

Con esto se provoca una brutal ruptura de flujos subterráneos de agua, una contaminación indescriptible en ríos, mientras montañas de lodos tóxicos se disuelven con las lluvias, envenenando regiones y poblaciones enteras, señala.

Frente a esa radical transformación del paisaje, y a que la cuarta parte del país está concesionada para la minería, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) carece de un diagnóstico ambiental. Las evaluaciones se hacen por cada proyecto, puntualiza el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, Mauricio Limón.

La normatividad ambiental no es un obstáculo para la minería. Mi conclusión, y la de los industriales, es que es adecuada, y más bien se quejan por los tiempos. No porque haya una norma anticuada o demasiado rígida, indica Limón.

La Camimex sostiene que ignorar la importancia de ese sector genera otras tentaciones, como limitar esta actividad fundamental para el desarrollo de los países, con argumentos ambientalistas.

El gobierno federal concesiona a las empresas el subsuelo para la explotación minera, pero ellas carecen de los derechos sobre la superficie del terreno, por lo que deben firmar convenios con los dueños de la tierra, generalmente ejidatarios, o en su caso, solicitar y obtener previamente de la Secretaría de Economía o de la Reforma Agraria una resolución de expropiación, ocupación temporal o servidumbre sobre la superficie que requiere para sus actividades, indica la Guía de trámites mineros de la Secretaría de Economía.

La minería tiene preferencia sobre cualquier otro uso del suelo, ya sea para vivienda o agricultura, según establece la legislación en la materia. 

En busca del oro

La empresa canadiense Goldcorp se consolidó el año pasado como la mayor productora de oro. En sus unidades Peñasquito, en Zacatecas; El Sauzal, en Chihuahua; San Dimas, en Durango (vendida en agosto de 2010 a Primero Mining Corp), y Los Filos, en Guerrero, produjo alrededor de 680 mil onzas.

Los Filos, ubicada en el municipio de Mezcala, es la más grande del país. En 2010 produjo 306 mil onzas de oro, aunque en su explotación ha provocado daños ambientales y al paisaje de manera permanente. Hay un gigantesco cráter excavado por el sistema de tajo abierto, que destruye las posibilidades futuras de la producción campesina en al menos 25 por ciento de las tierras ejidales y comunales de la zona, señala Carlos A. Rodríguez (La Jornada del Campo, 15/1/11) Las compañías canadienses son punteras de la minería en el mundo. Ocupan el primer lugar en la explotación de zinc, uranio, níquel y potasio; el segundo en azufre, asbesto, aluminio y cadmio; el tercero en cobre y platino; el cuarto en oro y el quinto en plomo.

Tienen intereses en 100 países. En América Latina y el Caribe, áreas prioritarias para la explotación de minerales, (esas compañías) detentan la mayor parte de las actividades mineras extranjeras, con más de mil 200 propiedades, señala Mandeep Dhillon en el estudio La minería canadiense en México, violencia hecha en Canadá.

En el país, de las 279 empresas extranjeras que operan, 210 son de Canadá y poseen concesiones en 26 estados. En total hay 757 proyectos en el país, de los cuales 615 están en fase de exploración, 71 en producción, 20 en desarrollo y 51 fueron aplazados. De todos estos planes, 475 son de oro y plata.

Durante 2010 México pasó a ser el primer país productor de plata, al desplazar a Perú, con una producción de 128.6 millones de onzas, 12 millones más que el país sudamericano, de acuerdo con el organismo internacional Silver Institute. De oro, mantuvo el lugar 12 con una producción de 2.2 millones de onzas y, de acuerdo con Metals Economics Group, está clasificado, después de Chile, como el segundo país por montode reservas de este metal en América Latina, con un total de 91.4 millones de onzas, distribuidos en 43 proyectos, y con un valor de alrededor de 112 mil millones de dólares (con el precio promedio de 2010 de mil 224 dólares la onza).

Para Metals –cita la Camimex–, de entre todos los países productores de oro, México es el único que, a partir de 2003, ha experimentado año con año un crecimiento sostenido en su producción, convirtiéndose a pasos agigantados en un importante productor de oro.

Esto es porque las modificaciones que se han hecho a la ley minera durante las dos décadas pasadas fueron para entregar concesiones de explotación de oro, plata y cobre a particulares hasta por 50 años; se eliminaron los límites de la superficie que podría ser concesionada, se derogó el impuesto a la extracción de minerales y se dio lugar a la privatización de unidades y plantas mineras del sector paraestatal, dijo Andrés Manuel López Obrador en su discurso del Zócalo el 5 de junio.

Allí recordó que tan sólo en este sexenio se entregaron 6 millones 600 mil hectáreas de reservas mineras nacionales a tres consorcios, Peñoles, Grupo México y Carso. Ni en todo el porfiriato se había llevado a cabo semejante enajenación del suelo patrio.

El saldo que ha dejado la privatización de la tierra para su uso industrial, incluidos los proyectos mineros, ha provocado mayor desplazamiento de la población y migración. “El mito de que la minería es una actividad fundamental para el desarrollo económico ha sido propalado por la industria. De los empleos creados para la población local la mayoría es de corto plazo y de bajos salarios (…) Dejan pueblos fantasmas cuando se acaban sus proyectos”, señala Mandeep Dhillon.

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