Política
Ver día anteriorMiércoles 10 de agosto de 2011Ver día siguienteEdiciones anteriores
Servicio Sindicado RSS
Dixio

Sus clientes, presuntos integrantes de la banda que encabeza el Rey de las gasolinas

Titular de control de averiguaciones de la PGR defendía a ladrones de combustible

Además, su hermano Marco Antonio forma parte del cuerpo de asesores de la procuradora general

 
Periódico La Jornada
Miércoles 10 de agosto de 2011, p. 13

El abogado Miguel Ángel Manjarrez Téllez, quien en abril de 2010 defendió a integrantes de una banda dedicada al robo de combustible de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), se desempeña actualmente como titular de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas (DGCAP) de la Procuraduría General de la República (PGR), área que en aquel año se encargó de solicitar una orden de aprehensión contra los que fueron sus clientes, según consta en documentos de la dependencia federal y en actuaciones judiciales en poder de La Jornada.

En la búsqueda que hizo este diario de Miguel Ángel Manjarrez, para conocer su versión sobre los documentos obtenidos –el funcionario no quiso recibir la llamada de La Jornada–, se detectó que su hermano Marco Antonio forma parte del cuerpo de asesores de la titular de la PGR, Marisela Morales Ibáñez, lo cual se constató en el directorio oficial de funcionarios de esa institución que se publica en el portal de transparencia del gobierno federal.

Resultado de esta investigación periodística se obtuvo información, de fuentes gubernamentales, en el sentido de que Alfredo Martínez Vallejo y José Alberto Pavón Ramos (defendidos en 2010 por Ángel Manjarrez y consignados por el Ministerio Público Federal ese mismo año, según consta en la averiguación previa PGR/DGCAP/DF/ 011/2010) estarían relacionados con la banda que encabeza el llamado Rey de las gasolinas, Francisco Guízar Pavón.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal emitió el 6 de abril de 2006 un boletín de prensa en el que informó que dos individuos que presuntamente se dedicaban a sustraer combustible de tomas clandestinas localizadas en los estados de México, Hidalgo y Querétaro, fueron aprehendidos por elementos de la Policía Federal.

Los defendidos

Según el comunicado de esa dependencia, los detenidos fueron identificados como Alfredo Martínez y José Alberto Pavón. Ambos estarían implicados con la operación de diversas tomas clandestinas, una de ellas localizadas en un predio ubicado en el kilómetro 759+700 de la autopista México-Querétaro, a la altura de Tepeji del Río.

En el mismo boletín, la SSP federal indicó que el juzgado primero de distrito de procesos penales federales con sede en Hidalgo había girado una orden de aprehensión en contra de Martínez Vallejo y Pavón Ramos por el delito de sustracción de combustible, luego que el Ministerio Público Federal los acusó en la citada averiguación previa.

Después que Martínez y Pavón fueron capturados por elementos de la Policía Federal, nombraron al penalista Miguel Ángel Manjarrez Téllez como su abogado defensor, según consta en la causa penal 78/2010, en poder de La Jornada.

En la ciudad de Pachuca, siendo las 9:30 minutos del 7 de abril de 2010, estando en audiencia pública el licenciado Aureliano Varona Aguirre, juez primero de distrito en el estado de Hidalgo, comparece en el local de este juzgado federal el licenciado Miguel Ángel Manjarrez Téllez (...) quien manifiesta que sabe y conoce la designación que en su favor le hicieron los procesados José Alberto Pavón Ramos y Alfredo Martínez Vallejo, nombrándolo como su defensor particular en la presente causa penal, refiere el expediente judicial 78/2010.

En esa diligencia, las autoridades judiciales advirtieron al ahora director general de control de averiguiaciones “las obligaciones que como defensor contrae en términos de la fracción IX del artículo 20 constitucional, apartado A, y de las penas a que se hacen acreedores si faltaren a sus deberes, según lo dispone el capítulo II, título décimo en sus artículos 231 y 232 del Código Penal Federal”.

El artículo 232 de esa norma indica que se podrán imponer de tres meses a tres años de prisión (al abogado que) patrocine o ayude a diversos contendientes o partes con intereses opuestos, en un mismo negocio o en negocios conexos, o cuando se acepta el patrocinio de alguno y se admite después el de la parte contraria.