unque es claro que al adoptar el TLCAN (una capitulación económico/comercial y de inversión impulsada por transas oligárquicas con Wall Street), Estados Unidos enclaustraba a México, con injerencias policial-militares de alto costo para la población y la soberanía, el desplome capitalista, cuyo fuerte oleaje llega hoy al mundo desde un hegemón que se agrieta bajo la militarización de su política doméstica e internacional y la gravitación del capital especulativo, acarrea graves riesgos para la paz mundial y para un México que, sometido por Calderón al diseño de guerra irregular del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DdD) que opera bajo la rúbrica de guerra al narcotráfico, como era previsible ve aumentar la presencia del aparato de seguridad imperial, al tiempo que se debilita su jurisdicción territorial, en especial en los estados norteños, tan cerca de Estados Unidos. (ver De Afganistán a México, La Jornada/27/7/11).

El New York Times del 6 de agosto publicó un reportaje de Ginger Thompson sobre la decisión de Estados Unidos de ampliar su papel (sic) en la guerra al narco en México, ¿alentados porque con solo un voto en contra, la Comisión de Defensa del Senado mexicano cometió el error histórico de aprobar, en lo general, el uso de los militares en tareas de seguridad pública? El NYT cubre asuntos de máxima sensibilidad, como que (textual): Funcionarios en ambos lados de la frontera dicen que se han diseñado nuevos métodos para dar la vuelta a las leyes mexicanas que prohiben que fuerzas militares y policiales extranjeras operen en territorio mexicano...

Quien ocupa Los Pinos, que según el diario pactó con Obama esta ampliación, es algo más que entreguista. Es un más, grave en lo jurídico y constitucional. Además se nos detalla que para dar la vuelta a nuestras leyes, se recurre al ingreso al país (como en Afganistán) de mercenarios que operan como contratistas desde firmas de seguridad de Estados Unidos, de horrenda fama mundial por atrocidades contra la población. ¿Desde cuándo operan aquí?

Otra dimensión, igualmente seria de las equívocas decisiones de Calderón en materia de seguridad, es haber admitido en México (especialmente en una base en el norte) no sólo la presencia militar del Comando Norte y de organismos de seguridad de EU, sino también el presupuesto de la Iniciativa Mérida (IM), gestando clientelas y dependencia en el área militar y de seguridad: quien paga, manda. Y ahora se nos informa que, además de los mil 400 millones de dólares de la IM, la asistencia de seguridad a México desde la nómina del DdD es de ¡decenas de millones de dólares!

Una analista de la Brookings afirma que en México es de esperar que se cuestione la IM y se pregunte cómo se usa y gastan esos dineros. Y no sólo aquí. El cabildo militar y de la industria de la seguridad, es ducho en persuadir a senadores y diputados de los comités de Defensa, Inteligencia y Relaciones Exteriores, de allá. Y ¿de aquí también?.

Mientras Obama transgrede las Convenciones de Ginebra, realiza ejecuciones extrajudiciales y despliega fuerzas especiales en 120 países bajo su único mando adiestradas en operaciones clandestinas, al solicitar el ingreso a territorio nacional de esas fuerzas y de contratistas, se hace patente el desapego constitucional y el endoso calderonista al Homeland Security en México, homologándonos además en materia de allanamientos, arraigos, espionaje electrónico, telefónico, etcétera, y de militarización de la seguridad pública, delegando de facto al Comando Norte la función de defensa nacional mexicana.

Si Fox llevó a Pemex a un punto de venta; abrió los campos petroleros a firmas extranjeras y avaló con la ASPAN, la ampliación del perímetro de seguridad de Estados Unidos, ahora el boleto, además de dejar a Pemex como cascarón con la reforma energética de 2008, es legalizar y dar permanencia al estado de guerra, instaurar un régimen policial-militar y consumar, con el PRI, la transición de nación soberana a protectorado bajo la Homeland Security.

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