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Laura Chinchilla pide revisar sin dogmas las estrategias contra el crimen organizado

Los Zetas, La Familia Michoacana y el cártel del Golfo tienen presencia en Costa Rica

En Centroamérica está en juego la supervivencia de las democracias, asegura la presidenta

 
Periódico La Jornada
Miércoles 24 de agosto de 2011, p. 15

La lucha que se libra contra el crimen organizado en Centroamérica es como la de David contra Goliat, concede la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien destaca que las ganancias de los cárteles son superiores al producto interno bruto (PIB) de algunas naciones, y con ellas, serían capaces de comprar un país entero.

En entrevista con La Jornada destaca que en su país se ha detectado la presencia de zetas, de La Familia Michoacana y el cártel del Golfo, además de grupos criminales colombianos asociados a estructuras delictivas locales.

Al desahogar una visita de estado de dos días a México, Chinchilla Miranda llama a revisar sin dogmatismos la estrategia contra el crimen organizado y ver si lo que se está haciendo está bien o hay que agregar nuevas acciones.

De 52 años, la politóloga llegó a la presidencia de Costa Rica en mayo de 2010, postulada por el oficialista Partido Liberal Nacional, tras ocupar la vicepresidencia y el Ministerio de Justicia en la administración de Óscar Arias.

En la suite presidencial de un hotel de Polanco, la especialista en temas de seguridad analiza el problema del crimen organizado en Centroamérica y de entrada refiere que la región es víctima de una geopolítica perversa, pues está ubicada en medio de un área fuertemente impactada por los flujos del narcotráfico.

La primera mujer en llegar a la presidencia de Costa Rica refiere el poder corruptor y de intimidación que tiene la delincuencia organizada, así como las ganancias millonarias que obtiene y con las que podrían comprar una nación entera.

De ahí la necesidad de sumar esfuerzos, destaca. La cooperación internacional tiene que entender que lo que está en juego en Centroamérica es la supervivencia de las democracias, el estado de derecho, que tienen que acudir en nuestra ayuda, porque es una batalla que la tenemos que ganar entre todos.

Al mismo tiempo, agrega, tenemos que entender que nuestras poblaciones tienen que aportar un poco más, para enfrentar esto con mayor eficacia. En el caso de Costa Rica, señala que su gobierno promueve nuevos impuestos para financiar el tema de la seguridad y creemos que esto nos da autoridad, para pedir a otras naciones del mundo que vengan a asistirnos de manera más eficaz.

–¿Qué le parece la actuación de Estados Unidos en esta materia? –se le pregunta.

–Con la administración Obama he visto una mayor disposición a entender que hay una corresponsabilidad en el tema. Sin embargo, cómo se vuelca este reconocimiento es el paso que sigue, y esto supone que estemos dispuestos, en primer término, a revisar con total consecuencia, sin dogmatismo, si lo que hemos venido haciendo está bien, si hay que agregar nuevas acciones, si hay que modificar rutinas, y en segundo término, poner números más exactos a una lucha como esta.

–¿Esperaría un mayor respaldo económico de Estados Unidos?

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Laura Chinchilla Miranda, presidenta de Costa Rica, consideró que Centroamérica es víctima de una geopolítica perversa, pues se ubica en una región de alto flujo de estupefacientesFoto Cristina Rodríguez

–No sólo económico, sino también en el tipo de estrategias que podamos implementar. No sólo se trata de interdicción y decomiso de grandes cargamentos de drogas, se trata también de compartir en igualdad de condiciones el flujo de información, de colaborar en distintos niveles en esta lucha, que hay que abordar de manera muy integral.

–¿Washington sigue teniendo reticencias para compartir información?

–Es lógico y normal que las agencias de inteligencia de todas partes del mundo quieran tener control de la información que manejan y que en muchas ocasiones, se dude de la integridad de los cuadros de la contraparte. Eso uno lo entiende, pero tenemos que ser capaces de hacer todo al mismo tiempo, es decir, combatir la corrupción de las agencias de nuestros países y a la vez conseguir mayor confianza de los países cooperantes para que esa información sirva no sólo a los propósitos de Estados Unidos, sino a los propósitos de nuestras naciones.

–Se habla mucho sobre el riesgo de que el crimen organizado infiltre partidos políticos e instituciones. ¿Usted también percibe ese peligro en su país?

–En Costa Rica no hay evidencia contundente de que eso sea así. Sin embargo, recientemente entraron en vigencia reformas que permiten mayor escrutinio de parte del Tribunal Supremo de Elección y de los medios de comunicación y mayores instrumentos para que las autoridades judiciales operen. Creo que aquí lo que se impone es el reconocimiento de que tenemos este problema en la región y que los avances institucionales deben ser en favor de más transparencia, más integridad, más rendición de cuentas y más controles.

“Ninguna institución está 100 por ciento exenta de la corrupción o de la penetración del crimen organizado. En ningún país del mundo, por más profesionales que sean sus organismos, se está exento, siempre ha habido casos de gente que cayó en las redes de la corrupción del crimen organizado. Pero cuando hablamos de la combinación de varios factores, como altos niveles de profesionalización, carreras aseguradas con salarios buenos que retribuyan la peligrosidad en que tienen que trabajar muchos de estos funcionarios, con sistemas internos de supervisión, de detección temprana, de inteligencia y de sanción efectiva, generalmente las cosas funcionan mejor.

El gran problema en nuestros países es que estamos ante policías mal entrenadas, con muy poca mística, muy mal pagadas y con sistemas de supervisión y control judicial relativamente débiles.

Por otra parte, la presidenta de Costa Rica se refiere al diferendo que mantiene su país con Nicaragua por un territorio fronterizo. Afirma que el acompañamiento que México dio –como facilitador del dialogo– fue importante, útil y provechoso. Ahora el tema se encuentra en la Corte Internacional de La Haya, quien dará un fallo final, el cual afirma que respetarán cualquiera que éste sea.