Las diferencias recientes entre el presidente Felipe Calderón y representantes del Poder Judicial han generado reacciones encontradas en sectores académicos y de organismos no gubernamentales. Algunos atribuyen las expresiones del Ejecutivo a que pretende exculpar el mal funcionamiento de la Procuraduría General de la República (PGR), y otros opinan que se trata de responsabilidades compartidas: ineficientes investigaciones judiciales y permanente falta de castigo a criminales.

El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Miguel Alcántara Soria, afirmó que en las instituciones de procuración de justicia tenemos deficientes policías, deficientes ministerios públicos y deficientes juzgados, por más que se enojen los jueces.

Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, indicó que estos diferendos sólo favorecen la impunidad, ya que finalmente ninguna instancia asume sus errores, sino cada una trata de adjudicárselos a las demás.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que tradicionalmente los jueces habían actuado en subordinación al Poder Ejecutivo, avalando investigaciones mal presentadas, pero la reciente polémica demuestra que esa situación comienza a cambiar.

A su vez, César Astudillo, especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, subrayó que los representantes del Poder Judicial no pueden emitir resoluciones light para hacerle juego al Ejecutivo en la lucha contra el narcotráfico, y toca a la PGR sustentar de manera contundente sus acusaciones.

Desde hace tiempo vemos que quien ha cometido pifia tras pifia es la PGR y le está abriendo las puertas de las cárceles (para que salgan) a los probables delincuentes. Sus expedientes no están bien integrados. Hace falta probar la comisión de ilícitos.

El abogado general de la UNAM, Luis Raúl González Pérez, remitió a la propuesta de seguridad de la máxima casa de estudios, la cual señala que los jueces deben conducir con independencia los procesos y resolver controversias con estricto apego a la ley, motivando y fundando sólidamente sus determinaciones.

Alcántara Soria, entrevistado luego de participar en los trabajos de la octava Semana Nacional de Transparencia, se pronunció contra la propuesta de legalizar las drogas en el país, y repitió el argumento de Calderón:

Mientras Estados Unidos, que es el principal consumidor de drogas, no resuelva la legalización en su territorio, para México sería delicadísimo hacerlo, pues estamos al lado de ese país.