Plaga de Gobernadores
EN LAS DÉCADAS recientes las identidades de los pueblos se han redefinido, a través de una recuperación digna de su vocación autogestiva que les ha permitido confrontar a los gobiernos estatales, bien como enemigos acérrimos, bien como males menores o medianos con los cuales hay que lidiar. En cualquier caso la resistencia ha resultado posible y adopta tantas caras como experiencias específicas se suceden en los territorios tradicionales e indígenas. Con la actual “regionalización” de los poderes políticos y fácticos en base a un multipartidismo que mucho tiene de travestismo político, y con la generación de zonas controladas o asoladas por la delincuencia, los ejecutivos estatales se tornaron omnímodos; aparentemente descentralizados, aunque meros gerentes de alguna casa matriz.
Con descarado mercantilismo (sea económico o de imagen política), los gobernadores y sus socios van por el negocio a como dé lugar. Y los únicos enclaves donde topan escollos que los hacen trastabillar, reforzar sus mentiras y en ocasiones desistir, son las comunidades y regiones indígenas.
Con su sello de represión, corrupción, fingimiento mediático a precios millonarios e impunidad, peores gobernadores que Ulises Ruiz, Mario Marín o Zeferino Torreblanca está difícil encontrar, pero qué decir de los fantasmas que han “gobernado” estos años Tamaulipas, Durango, Nuevo León, Michoacán o Jalisco.
De manera eficaz y poco transparente, los mandatarios tienen a su favor la militarización decretada por el gobierno federal, y cuentan con la docilidad del sistema de justicia, los organismos electorales, las comisiones estatales de derechos humanos, los medios de comunicación. Y por encima de todo, obedecen a los apetitos del capital nacional e internacional. De rodillas ante mineras, agroindustrias mamut, refresqueras, constructoras, hoteleras, exportadoras de energía, estos gobiernos ansían más y más superficie de sus entidades para apostarla en el demandante casino neoliberal. Pero tropiezan una y otra vez con los pueblos originarios.
En meses recientes Ojarasca ha registrado las resistencias a la represión y el despojo de Enrique Peña Nieto, Marcelo Ebrard, Guillermo Padrés, Fernando Toranzo, Emilio González Márquez, Juan Sabines Guerrero. No importa a qué partido se adscriban, todos son por igual agentes promotores, y posiblemente socios, de la dichosa inversión empresarial y sus privatizaciones correspondientes. No faltan quienes se rifan para la Suprema Enchilada, la silla presidencial.
Los pueblos nahua, yoreme, zapoteco, tzotzil, purépecha, ñahñú, i’koot, wixárika, tzeltal, amuzgo, tlapaneco y rarámuri los desafían y desnudan desde y sólo desde sus territorios mexicanos. A esos poderes abusivos de dudosa legitimidad, oponen formas de gobierno propias, mecanismos comunitarios de seguridad y resguardo, formas de producción.
Discursos y coptaciones más o menos, los nuevos gobiernos de Gabino Cué en Oaxaca, Ángel Aguirre Rivero en Guerrero, Rafael Moreno Valle en Puebla, Javier Duarte en Veracruz y Eruviel Ávila en el Estado de México no parecen ir en dirección diferente a la de sus antecesores. El mercado manda, y todos siguen fieles el guión de manipular programas para dividir a las comunidades, hacerlas dependientes, corromper a sus representaciones, imponer leyes a modo, impulsar el miedo. Ahora el propio presidente Felipe Calderón les ha proporcionado el nuevo argumento de “terrorismo”, que tan buenos resultados ha dado en Chile y Colombia para criminalizar, con la venia de Washington, a las luchas indígenas y la protesta social.
