Opinión
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La austeridad de Los Pinos

Calderón: sueldo de monarca

Supera 32.7 veces el promedio

E

n su gobierno de discursos y frases de ocasión, el tema de la austeridad ha estado presente desde el arranque mismo de su estancia en Los Pinos. Apenas unas horas después de instalado en la residencia oficial, Felipe Calderón recurrió a una de las máximas juaristas para marcar lo que, según él, sería una de las líneas a seguir durante su mandato: vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley señala para los servidores públicos. De acuerdo con el susodicho, austeridad y más austeridad sería la norma.

Ése fue el compromiso público, y cinco años después de tal pronunciamiento el gobierno calderonista destaca, pero por ser uno de los más onerosos no sólo de la historia mexicana, sino del planeta, y un dato espeluznante lo confirma: sólo en 2011 una tercera parte del presupuesto de egresos será engullido por la burocracia federal; es decir, más de un billón 100 mil millones de pesos pagarán los habitantes de este país por sueldos, salarios, prestaciones, compensaciones, bonos, honorarios y demás inventario de erogaciones por concepto de servicios personales, sin que ningún resultado, absolutamente ninguno, justifique esa sangría económica.

Para dar una idea de qué se trata, en 2007, primer año de estadía en la residencia oficial, los servidores públicos que laboraban en la Presidencia de la República obtuvieron, sólo por prestaciones (sueldos y salarios aparte), poco más de 11 millones de pesos, lo que hace un promedio diario de 30 mil 392.28 pesos. En 2010, por igual concepto, recibieron alrededor de 470 millones de pesos, o lo que es lo mismo un millón 287 mil 671 pesos cada 24 horas. Así, la rigurosa austeridad calderonista incrementó 4 mil 200 por ciento el gasto en este renglón.

Sirva lo anterior para dar entrada al espléndido análisis de Edna Jaime y Eréndira Avendaño (La Presidencia de la República: un apartado que no conoce la crisis, serie El uso y abuso de los recursos públicos, Cuaderno de Debate número 9 del CIDE; septiembre de 2011) de la organización México Evalúa, en el que subrayan lo siguiente: en cuanto a los sueldos de los presidentes (o primer ministro en algunos casos), el mandatario mexicano se ubica en la tercera posición más alta (del mundo), con un sueldo de 267 mil dólares anuales, mientras sus homólogos latinoamericanos reciben en promedio un sueldo menor a 140 mil dólares al año. No obstante lo anterior, al utilizar como criterio de comparación el PIB per cápita de los países seleccionados, se identifica que los sueldos del Poder Ejecutivo son desproporcionados. El sueldo del presidente mexicano es 32.7 veces mayor que el ingreso promedio de cualquier habitante del país, en tanto que en el caso del presidente de Estados Unidos o del primer ministro de Canadá esta diferencia es de 9.8 y 8 veces, respectivamente.

Entonces, austeridad, lo que se llama austeridad, no es lo que marca al gobierno mexicano; mucho menos honrada medianía, comenzando por el inquilino de Los Pinos. En un país en el que 57 millones de personas viven en la pobreza, y contando, con alto desempleo, informalidad y salarios decrecientes, es verdaderamente insultante que el morador de la residencia oficial obtenga un sueldo 32.7 veces mayor al PIB per cápita, sin considerar que este último indicador sólo es un promedio que nada aporta, pues el ingreso real de más de 65 por ciento de los mexicanos es inferior, por mucho, al que reconoce esa medición, amén de que ningún resultado justifique esa desproporción.

En su análisis, Edna Jaime y Eréndira Avendaño indican que debido a la naturaleza de la Oficina de la Presidencia en México, la cual no genera servicios o bienes públicos, los gastos más recurrentes se relacionan mayormente con gasto corriente: servicios personales (incluye remuneraciones permanentes y adicionales); materiales y suministros (relacionado con insumos operativos como materiales, alimentos, combustibles); servicios generales (asesorías, consultorías, comunicación social y servicios oficiales) y bienes muebles e inmuebles (activo fijo). El gasto en servicios personales junto con el de servicios generales comprende la mayor parte del gasto de esta oficina. En conjunto, este gasto ha variado en los últimos 15 años en un rango de 75 a 90 por ciento. Al analizar el comportamiento de los diversos componentes surgen observaciones significativas en términos de ejercicio del gasto.

La política de Los Pinos sobre plazas laborales y remuneraciones, apuntan las investigadoras, no es austera, ni ejemplar. Si bien puede afirmarse que de 2000 a 2010 el número de plazas en Presidencia de la República ha disminuido en 36.3 por ciento, el ingreso promedio por empleado se incrementó 41.8 por ciento durante el mismo periodo. De hecho, se debe resaltar que en 2009 y 2010 el rubro de servicios personales registró un incremento de 14.2 por ciento derivado, en parte, de modificaciones al alza del tabulador de percepciones del personal operativo de la Oficina de la Presidencia, esto aun con el compromiso de la actual administración con una política de austeridad y racionalización del gasto, que busca reducir el gasto en servicios personales, de operación, administrativo y de apoyo. En general, se percibe, más allá de una nula corresponsabilidad de la oficina del Ejecutivo con los compromisos de austeridad, una tendencia a fortalecer un cuerpo de asesoría profesionalizado, de élite y bien remunerado.

Por otro lado, indican las analistas, tradicionalmente la Presidencia de la República ha implementado de forma creciente el pago de compensaciones adicionales al sueldo, por lo que hay una tendencia a gastar más en bonos que en sueldos. Esta práctica ha sido común, por ejemplo en 1999 la compensación adicional representó 45 por ciento de la nómina fija. En 2003 el gasto en bonos representó 100 por ciento de la nómina fija, y para 2010 este gasto alcanza un nivel récord de 274 por ciento. Visto de otra forma, para 2010 la nómina regular absorbió 5 por ciento del gasto total en Presidencia, mientras el capítulo de compensaciones adicionales al salario se ubicó en 15 por ciento, erogando para ello 339 millones de pesos.

Las rebanadas del pastel

Ése es el tamaño real de la austeridad y la medianía juarista prometidas por el actual inquilino de Los Pinos.