ace diez años se descubrió en la Sierra Norte de Oaxaca maíz contaminado con trangenes. Desde esa fecha, las comunidades indígenas del estado han luchado contra los cultivos transgénicos. El último episodio de esta batalla es el pronunciamiento de 35 organizaciones contra dos propuestas de ley que supuestamente pretenden proteger el maíz nativo, pero no prohíben la siembra o el almacenamiento de semillas genéticamente modificadas y, en cambio, instrumentan y legalizan su entrada al campo oaxaqueño.

Aunque produce sólo poco menos de 4 por ciento del maíz que se cosecha en el país, Oaxaca es uno de los siete estados con el mayor número de unidades de producción del cereal. Se siembra en 567 de los 570 municipios de la entidad. La mayor parte de quienes lo cultivan pertenece a alguno de los 15 pueblos indígenas que viven en la entidad. El grano es el centro de su alimentación y está estrechamente ligado a su cultura. Sus productores pertenecen a los estratos más pobres de la población y lo siembran, generalmente, en superficies menores a cinco hectáreas, en tierras de mala calidad y condiciones fisiográficas desfavorables.

En noviembre de 2001, los científicos de la Universidad de Berkeley Ignacio Chapela y David Quist encontraron maíz nativo contaminado con transgenes en comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca. A pesar de la campaña de descrédito montada por las empresas que fabrican semillas, que logró que la revista Nature se retractara de la publicación del artículo de Chapela y Quist, el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Comisión Nacional de Biodiversidad (Conabio) confirmaron la contaminación. El informe documentó que en el almacén Diconsa de Ixtlán, Oaxaca, se había encontrado contaminación transgénica del maíz destinado a la venta para consumo humano (véase Ana de Ita, Reporte de los ciudadanos del mundo. México: maíz transgénico en el centro de origen).

El descubrimiento detonó la organización de la respuesta social y la integración de distintas luchas de regiones, comunidades y organizaciones. Las comunidades y los campesinos oaxaqueños han estado desde entonces a la vanguardia de la resistencia contra la contaminación.

Como parte de esta lucha, el pasado 25 de agosto, 35 organizaciones firmaron un pronunciamiento rechazando dos propuestas de ley que pretenden proteger al alimento básico de la población oaxaqueña, que –aseguran– facilitan el saqueo del maíz nativo por empresas trasnacionales.

Las propuestas de ley fueron presentadas al Congreso del estado por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN). La priísta fue elaborada por la diputada Carolina Aparicio Sánchez y fue bautizada como Ley de Sustentabilidad de los Maíces Nativos del Estado de Oaxaca. La panista, llamada Ley de Fomento y Protección del Maíz Criollo como Patrimonio Alimentario del Estado de Oaxaca, fue presentada por la legisladora Marlene Aldeco Reyes Retana (PAN), a propuesta de Maricela Silva, de la Fundación para el Desarrollo Social Coatlicue.

Las comunidades indígenas consideran que las dos iniciativas de ley agreden la inteligencia de la población oaxaqueña. Sostienen que vulneran de manera desvergonzada los derechos de nuestros pueblos y comunidades indígenas y campesinas a su libre determinación y soberanía alimentaria.

La iniciativa del PAN es una copia de las leyes de Tlaxcala y Michoacán, muy criticadas a escala nacional e internacional. La propuesta del PRI desconoce la realidad en el campo oaxaqueño. Ambas otorgan certeza jurídica sólo a productores registrados, término que excluye a los campesinos indígenas que producen para autoconsumo. Están orientadas a localidades con producción intensiva, dedicadas al uso de fertilizantes, herbicidas y pesticidas, que favorecen a la agroindustria y a productores de alto rendimiento.

Según las organizaciones, ambas propuestas prevén la creación de un organismo central que tendrá el control sobre todas las actividades que tienen relación con el maíz y establecen que será el enlace único entre el estado y los productores, excluyendo a los campesinos y quitándoles la capacidad de decidir sobre cualquier asunto que tenga que ver con sus semillas. Fomentan también la creación de un padrón de productores que serán los únicos beneficiarios de los apoyos y programas productivos.

Asimismo, obligan a los campesinos a facilitar sus semillas y sus conocimientos a mejoradores a través de bancos de germoplasma. Así, advierten las comunidades, se permitirá el acceso de sus semillas a empresas trasnacionales.

Como sucede con las leyes de maíz recientemente aprobadas en Tlaxcala y Michoacán, las propuestas para Oaxaca no prohíben la siembra o el almacenamiento de transgénicos. Por el contrario, instrumentan y legalizan la entrada de transgénicos con el respaldo de la Ley federal de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (ley Monsanto).

De acuerdo con los pueblos oaxaqueños en resistencia a los trasgénicos, las iniciativas de ley fomentan el conflicto entre las cabeceras municipales y sus agencias, al aludir únicamente a las autoridades municipales en la toma de decisiones. Se ignora la institucionalidad comunitaria indígena y campesina, como la asamblea y la figura del comisariado de bienes comunales y/o ejidales.

Como acontece con otras legislaciones que dicen defender los maíces autóctonos, las propuestas de ley oaxaqueñas simulan ayudar a la conservación del cereal, pero en los hechos abren la puerta a que los pequeños productores pierdan el control sobre sus semillas, dan a los gobiernos licencia para expropiar los saberes tradicionales campesinos y crean las condiciones para que las empresas privadas se apropien y patenten esa simiente. No puede extrañar, entonces, que quienes por 10 años han luchado contra el maíz transgénico en el agro oaxaqueño se opongan a esas iniciativas.