Minas y autopistas
neoporfirismo devastador
 Mercado de Otavalo, Ecuador foto: MO FINI |
Carlos González García
El régimen porfiriano impulsó en nuestro país un capitalismo salvaje que prohijó permanentes campañas de exterminio indígena, el despojo a gran escala de los territorios comunales, la esclavitud masiva de seres humanos, principalmente pertenecientes a los pueblos maya, yaqui y mayo, así como la desaparición de un número indeterminado de naciones originarias. En el México de hoy no es una dictadura militar, sino una partidocracia corrupta y funcional a los intereses del capitalismo neoliberal, la que promueve el exterminio acelerado de las naciones indígenas y las poblaciones campesinas.
En el México de Díaz la red ferroviaria, que entre 1880 y 1910 fue ampliada de mil 74 kilómetros a 24 mil 681 kilómetros; la minería, que en ese mismo periodo tuvo una abrupta expansión apoyada en las inversiones extranjeras así como las haciendas y las compañías propietarias de tierras (mismas que para 1910 se habían apropiado de 167 millones 968 mil 814 hectáreas del territorio nacional) fueron la base de la naciente economía capitalista. Esta pujante base económica apoyó su crecimiento, sobre todo, en el gigantesco despojo de tierras comunales que, a su vez, tuvo sustento en las leyes agrarias liberales de la segundo mitad del siglo XIX y en la naturaleza represiva de un régimen político vertebrado en torno al Ejército federal, los rurales, los jefes políticos locales y la Acordada.
En el México de Calderón las autopistas y carreteras, junto con la minería rapaz, las grandes plantaciones transnacionales y los proyectos turísticos, hidráulicos e inmobiliarios, son las nuevas vías para el despojo de las tierras pertenecientes a los pueblos indígenas y a las comunidades campesinas. Ciertamente, a diferencia del antiguo régimen porfirista, la dupla militarización/narcotráfico es un arma represiva aún más sofisticada que la representada por federales y rurales. Las viejas campañas de exterminio en contra de yaquis y mayas no tienen parangón con el negocio que representa la llamada guerra contra el narcotráfico.
Esta nueva guerra capitalista de ocupación, saqueo y despojo inició formalmente en 1992 con la reforma del artículo 27 constitucional, la derogación de la Ley Federal de Reforma Agraria y la aprobación de nuevas leyes en materia agraria, forestal y de aguas nacionales. Dicha contrarreforma se profundizó con la firma del TLC en 1994, la aprobación de la reforma constitucional indigenista en 2001 y, después de ello, la modificación y aprobación de leyes en materia de bosques, aguas, semillas, minería, bienes nacionales, conocimiento tradicional y biodiversidad.
Como en su momento lo fueron los ferrocarriles, hoy en día la construcción y modernización de la red carretera constituye una piedra angular del proyecto neoliberal; las estadísticas son contundentes: entre los años 2000 y 2006 se ampliaron o modernizaron 3 mil 817 kilómetros de carreteras federales, mientras que para el año 2012 el ejecutivo federal pretende haber modernizado o ampliado 21 mil kilómetros de la red carretera nacional, incluyendo la terminación de 100 proyectos carreteros completos en tan sólo 6 años.
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Muchas de estas carreteras y autopistas están pasando, literalmente, por encima de comunidades enteras con el fin de trasladar mercancías, extraer recursos naturales localizados en dichas comunidades o incorporar las tierras de las mismas a la especulación inmobiliaria con fines de urbanización o turísticos; tal es el caso de los corredores transversales del Altiplano y Acapulco-Veracruz o de los libramientos Naucalpan-Toluca, Toluca-Ixtapan de la Sal y Toluca-Cuernavaca correspondientes al Circuito Exterior Mexiquense; igualmente pasa con la red carretera para el Nayar, el proyectado Arco Sur en la zona rural del Distrito Federal, el ramal Manzanillo-Lázaro Cárdenas del corredor transversal Manzanillo-Tampico y el corredor longitudinal Peninsular de Yucatán de gran impacto regional en Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.
La expansión minera transnacional desatada a partir de las reformas a la Ley de Inversión Extranjera y a Ley Minera no cesa; en los últimos seis años el valor a precios corrientes de la producción de la minería mexicana ampliada, en contraste con el resto de la economía, no ha dejado de crecer, habiendo alcanzado en 2009 un monto total de 119 mil 600 millones de pesos. De acuerdo a datos contenidos en el quinto Informe del Presidente sobre el sector minero, entre enero y junio de 2011 la administración federal expidió 463 nuevas concesiones mineras que amparan una superficie de 1 millón 60 mil hectáreas en diversos estados del país, cifra que se agrega a las más de 20 millones de hectáreas actualmente concesionadas para actividades extractivas minerales.
En el caso de los territorios indígenas es enorme la presión de empresas mineras, casi todas extranjeras, buscando oro, plata, hierro y un sinfín de minerales metálicos y no metálicos que se han vuelto tan valiosos como escasos en un mundo depredado por tantos siglos de capitalismo. En diversas comunidades de la Montaña guerrerense y del sur del estado de Oaxaca empresas mineras canadienses, como Fortuna Silver Mine en San José del Progreso, se han establecido o buscan establecerse para explotar las ricas minas de oro, plata y hierro de la región. Lo mismo ocurre en la región de la Cañada oaxaqueña donde empresas igualmente canadienses como Almaden Minerals LTD han obtenido numerosas concesiones mineras encaminadas a la explotación de aluminio, oro y uranio. En Chiapas diversas empresas extranjeras se han dedicado en los últimos años a la explotación de oro a cielo abierto utilizando técnicas altamente peligrosas que están prohibidas en los países de origen de dichas compañías como es el caso de la canadiense Blackfire en Chicomuselo.
En el occidente mexicano, específicamente en los enclaves nahuas de la Sierra de Manantlán, Jalisco, y de la costa-sierra de Michoacán, la presión de los principales monopolios del hierro y el acero a nivel mundial —Ternium y Mittal Steelasí como el surgimiento de decenas de coyotes mineros y la presencia de algunas empresas chinas, ha provocado la proliferación de decenas de minas, grandes, pequeñas y medianas, que, sin cubrir los requisitos legales indispensables, están destruyendo impunemente las tierras de Ayotitlán (Jalisco), Pómaro y Aquila (Michoacán).
Finalmente, especial mención merece el caso de Virikuta en Real de Catorce, San Luís Potosí, lugar sagrado del pueblo wixárika donde la empresa canadiense Majestic Silver First ha obtenido 22 concesiones mineras que suman 6 mil 326 hectáreas y que ponen en riesgo la existencia misma de los wixáritari.
Un último cuadro de horror: en muchos de estos lugares donde el saqueo y la explotación capitalista alcanzan escalas grandiosas, como es el caso de los invernaderos y plantaciones extensivas que inundan el centro y occidente del país, la presencia del narcotráfico es contundente, ya sea para invertir, ya para atemorizar y reprimir.