La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) aplaudió la aprobación por la Cámara de Diputados de la reforma al Código de Justicia Militar, en el cual se señalan, entre otros temas, que se dará de baja a los militares que se unan o apoyen al crimen organizado y se les impondrán penas hasta de 60 años de prisión.

En un comunicado, la dependencia subrayó que al tipificar estas conductas delictivas se crean condiciones jurídicas para inhibir o sancionar con mayor severidad la participación del personal militar en estos ilícitos (ligados a la delincuencia organizada), y se fortalece el principio vital de la disciplina.

El jueves, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó modificaciones legales para tipificar las conductas delictivas de soldados y sancionar con prisión de 30 a 60 años al militar que se incorpore a alguna agrupación de delincuencia organizada.

Las reformas establecen además que se castigará con baja y 15 a 60 años de cárcel al militar que utilice fuerza, embarcación, aeronave o cualquier otro bien o recurso humano que tenga a su cargo o mando en favor de grupos criminales.

Penas idénticas se aplicarán al elemento castrense que dé al hampa protección, capacitación o conocimientos militares o induzca a hacerlo al personal a su mando.

Se impondrán esas condenas a los mandos que induzcan a las tropas a que presten algún servicio a criminales o recluten militares para el mismo fin.

También se consideran delitos proveer información a los criminales, incumplir obligaciones, obstaculizar las acciones de las fuerzas armadas, no ejecutar una orden del servicio, falsificar o alterar un documento, entre otros.

La Sedena recordó que dicha reforma surgió como una iniciativa que esta secretaría envió al Ejecutivo federal, ante la necesidad de contar con los elementos jurídicos suficientes para proceder conforme a derecho en contra de los integrantes de las fuerzas armadas que infrinjan las leyes y reglamentos militares al incorporarse a la delincuencia organizada o favorecer a sus miembros.

Reiteró que seguirá trabajando en beneficio de la sociedad mexicana, coadyuvando a la seguridad del país con estricto apego a derecho y a las facultades constitucionales que nos rigen.