Ciudad Juárez, Chih., 9 de octubre. Propietarios que han sido despojados de terrenos de manera fraudulenta acusaron a funcionarios federales y locales de incumplir sentencias de tribunales que les han concedido amparos en última instancia.

Avelino Villegas Cisneros señaló que 2007 la Secretaría de la Reforma Agraria debió haber cumplido una resolución para restituirle un terreno de 392 hectáreas llamado El Milagro, en la zona sur de esta ciudad.

El 30 de enero de 1998 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al entonces alcalde juarense y hoy senador panista Ramón Galindo Noriega devolver al empresario de la construcción Gilberto Marmolejo Ortega un terreno de 10 mil 400 metros cuadrados que el ayuntamiento usó en 1994 para construir el bulevar Zaragoza, sin que existiera decreto expropiatorio. las autoridades no cumplieron la resolución ni indemnizaron al afectado, cuya propiedad fue invadida.

Villegas Cisneros afirmó que en Juárez los ricos invaden grandes extensiones de tierra, las cercan y obtienen escrituras para apoderarse de ellas.

Informó que su terreno, de 392 hectáreas, es parte de una extensión de 62 mil hectáreas conocida como La Carbonífera, que abarca la colonia Lomas de Poleo, donde la familia Zaragoza, con escrituras apócrifas, ha expulsado mediante presiones a la mayoría de los colonos.

Señaló que su terreno estaba certificado desde 1996 y que se trataba de tierras nacionales que su familia obtuvo de manera legal.

Agrega que, con ayuda de funcionarios estatales corruptos, los invasores obtuvieron escrituras de terrenos nacionales, pero éstas carecen de validez porque solamente el gobierno federal puede entregar el comodato, previo pago.

Explicó que parte de sus tierras fueron invadidas por comerciantes de refacciones usadas, (negocios conocidos como yonkes) y por una empresa química que contamina la zona.

Tras demostrar que era el dueño de las tierras, obtuvo un amparo, pero su abogado, José López Abitia, fue asesinado hace tres años fuera de las instalaciones de la Secretaría de la Reforma Agraria. En cambio, a los invasores sólo les bastó presentar dos testigos para quedarse con el predio.