Por unanimidad, el Senado aprobó ayer en lo general la nueva Ley de Amparo, pero quedó pendiente la discusión en lo particular de esa legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, ya que hubo 100 propuestas de modificación al articulado, la mayoría impulsadas por el PRD, pero no pudieron desahogarse ni la mitad durante la sesión.

Fue el único tema debatido ayer en las cinco horas y media que duró la sesión. La discusión más larga se dio en torno al amparo agrario, ya que pese a los argumentos de los perredistas Pablo Gómez y Tomás Torres, así como del priísta Heladio Ramírez, se fijó un plazo de siete años para que ejidatarios y comuneros se amparen contra expropiaciones y otros actos de autoridad que los despojen de sus tierras.

Eso es hacer que el simple transcurrir del tiempo consolide el despojo de la propiedad ejidal y comunal, enfatizó Pablo Gómez, y aunque al final Heladio Ramírez retiró su propuesta de que el amparo agrario proceda en cualquier momento, el perredista la mantuvo y recordó a priístas y panistas que la Revolución en el sur del país fue una respuesta de los campesinos por el robo de tierras.

Los panistas fueron los más firmes opositores a ese cambio en el dictamen a la fracción tercera del artículo 17. Incluso sacaron a relucir sus fobias contra el reparto agrario y exigieron protección para los productores privados. Alejandro González Alcocer sostuvo que esa etapa de la historia, en la que hubo tanto abuso contra los campesinos, ya la superamos, y también tenemos que defender a los pequeños propietarios y propietarios en general.

El panista Eduardo Nava Bolaños sostuvo que, tal como está, el amparo agrario permite que un grupo de vivales, que quieren hacer negocio a costa del gobierno federal, busquen un artículo leguleyo. Puso de ejemplo el caso del puerto de Altamira.

Una propuesta del senador Dante Delgado fue retomada por el PRI y se estableció el plazo de siete años, pero a partir de que la autoridad responsable notifique la afectación a los núcleos agrarios.

Durante la discusión en lo general, todas las fuerzas políticas coincidieron en que se trata de una reforma toral que enriquece el juicio de amparo, figura trascendental en el sistema jurídico mexicano para la defensa de los derechos humanos.

Se vuelve a poner el juicio de amparo a la vanguardia internacional de protección de garantías, comentó el presidente de la Comisión de Gobernación, Jesús Murillo Karam, mientras el también priísta Pedro Joaquín Coldwell subrayó que ante las tentaciones autoritarias y la intención de avanzar hacia un Estado policiaco que limita garantías, para detener la violencia y la inseguridad, el Senado manda un claro mensaje político al aprobar una legislación profundamente garantista.

El panista Alejandro González Alcocer, presidente de la Comisión de Justicia, dijo que la legislación democratiza el amparo, ya que no sólo se requiere el interés jurídico para pedir la protección de la justicia federal, sino que opera ahora el interés legítimo

La nueva ley amplía la posibilidad de ampararse no sólo contra leyes y actos de autoridad, sino contra actos de particulares, y permite que las declaraciones de inconstitucionalidad que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación tengan efectos para todos, no sólo para quienes interpusieron el recurso.

La reforma se aprobó en lo general con 89 votos en favor y cero en contra, pero la unanimidad se derrumbó durante la discusión en lo particular, ya que se reservaron 77 de los 272 artículos de esa ley y se propuso crear 23 artículos.

Los perredistas Gómez y Torres insistieron en que el Poder Legislativo debía actuar con responsabilidad y definir en qué casos procede el interés legítimo y la posibilidad de ampararse contra actos de particulares, ya que, sostuvieron, es riesgoso dejar en manos de jueces y magistrados en qué casos sí y en cuáles no proceden las nuevas figuras.