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Firmará convenio con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, informa consejero

Tendrá la Judicatura acceso a datos financieros de jueces y magistrados

Cada sentencia del ramo federal cuesta 31,381 pesos, dice Moreno Collado en seminario de transparencia

 
Periódico La Jornada
Sábado 29 de octubre de 2011, p. 9

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) firmará un convenio con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para disponer de información sobre ingresos y cuentas bancarias de cada uno de los jueces y magistrados que integran el Poder Judicial Federal (PJF), afirmó el consejero Jorge Moreno Collado al participar en el Seminario de Transparencia Judicial Federal.

Resaltó que el CJF atiende críticas en materia de transparencia, y que en los últimos cinco años el costo de las sentencias que emiten los jueces federales se ha mantenido en 31 mil 381 pesos, pero con la participación de mayor número de órganos jurisdiccionales, con lo que se ha ganado mayor calidad y prontitud en sus resoluciones.

“En 2007 –dijo–, el Poder Judicial Federal resolvió poco menos de 700 mil asuntos, frente a prácticamente un millón en este año. En términos generales, entonces cada sentencia costó 29 mil 900 pesos en promedio, en tanto que en 2011 es de 31 mil 381 pesos por sentencia, lo cual implica que la justicia ha permanecido en el mismo rango de costo en el lustro mencionado.”

El consejero de la Judicatura aseguró que el presupuesto autorizado a este organismo se dedica principalmente a mantener la operación de los órganos jurisdiccionales en toda la República y a la creación de nuevos órganos; insistió en que con el convenio que se suscribirá con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuando sea necesario se dispondrá legalmente de toda la información relativa a los ingresos y cuentas bancarias de los trabajadores de este Poder de la Unión para transparentar su actividad y conducta”.

Cabe recordar que en este momento un secretario de acuerdos de un juzgado de tipo administrativo se encuentra sujeto a proceso penal por haber realizado transacciones financieras que superaron los 400 millones de pesos, y se le acusa de enriquecimiento ilícito por un monto superior a 50 millones.