La Iglesia católica no pide que las mujeres que abortan sean encarceladas, lo que demanda es que el Estado garantice el derecho a la vida y promueva la convivencia pacífica y la seguridad de todos los ciudadanos, asentó el cardenal Norberto Rivera Carrera.

El aborto debe estar identificado como un delito que altera el bien común social y por tanto deben aplicarse sanciones, expuso en una entrevista publicada en el semanario Desde la Fe, órgano oficial de la arquidiócesis de México.

Se pronunció contra el uso de la píldora del día siguiente u otros compuestos farmacológicos que provocan el mismo efecto que un aborto, y condenó éticamente a las compañías farmacéuticas y a los médicos que practican el aborto en clínicas de diverso nivel socioeconómico. Quien lucra con el aborto debe ser castigado, dijo.

Reiteró que existen muchos errores de apreciación y desconocimiento en torno al tema del aborto; éste no es un asunto de derechos humanos de la mujer, sino del valor de la vida humana y el respeto a la misma, asentó.

Consideró desfasados los argumentos de quienes pretenden justificar el aborto como una estrategia contra la violencia y la delincuencia; la violencia no se combate con violencia.

Se pronunció en favor de que se realice un trabajo conjunto entre instancias civiles y agrupaciones religiosas, para ir más allá de la ayuda social, médica y legal que se ofrece a las mujeres durante el embarazo.

La iglesia no condena a las mujeres que abortan

El cardenal sostuvo que la Iglesia no condena a las mujeres que abortan ni pide que sean encarceladas, sino que les ofrece curar las heridas.

Sin embargo, asentó que las mujeres que abortan voluntariamente y quienes cooperan son excomulgados, sin que la autoridad eclesiástica emita un decreto. Con este tipo de sanción se trata de desalentar la práctica de un acto que es injusto y altera el bien de la comunidad.