Morelia, Mich., 10 de noviembre. El gobernador Leonel Godoy Rangel informó que anoche interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un juicio de legalidad contra el gobierno de Felipe Calderón por el cobro de mil millones de pesos por concepto de las retenciones de la administración estatal a la burocracia federal que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) descontó de las participaciones federales.

El descuento ha creado un boquete financiero al estado, y por ello desde hace un mes los empleados de la administración local con cargo directivo, los secretarios estatales y el propio gobernador no han cobrado su salario. Hoy le cortaron el suministro de electricidad a la Secretaría de Educación local y algunas obras, como el corredor costero de Lázaro Cardenas y la construcción de dos campus de la Universidad Michoacana, están suspendidas.

En un mensaje desde la casa de gobierno, Godoy Rangel afirmó que se trata de un descuento ilegal, porque las participaciones federales no son embargables ni sujetas de retención, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, y señaló que el Partido Acción Nacional (PAN) y la hermana de Felipe Calderón, Luisa María, candidata panista a la gubernatura, han utilizado el caso con fines electorales.

Acompañado de su gabinete, Godoy explicó que después de dos solicitudes expresas al Presidente para resolver por la vía amistosa el diferendo con la SHCP, y de una reunión infructuosa con el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, para que actuara de árbitro, decidió recurrir a la vía judicial.

No nos dejaron otra alternativa, agotadas las vías del diálogo, argumentó el gobernador. Dijo que el recurso judicial se presentó minutos antes del plazo legal para no dejar en la indefensión a los ciudadanos y porque el recorte pone en riesgo la liquidez de las finanzas estatales. Desde septiembre la SHCP se cobró de las participaciones federales las retenciones a los empleados federales. Godoy inició el cabildeo con el ex secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, quien prometió una solución que fue desconocida por su sucesor, José Antonio Meade.

El presidente Felipe Calderón (de espaldas) y el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, durante la entrega de títulos de asignación por la reforma al decreto de veda del río Balsas, el 5 de octubreFoto Notimex

Acusó que durante la campaña por la gubernatura, Luisa María Calderón y el propio Cordero responsabilizaron del recorte a la administración perredista y se pusieron de lado del gobierno federal, no de los michoacanos.

Informó que el juicio de legalidad se basa en presuntas violaciones al artículo 12 de la Ley de Coordinación Fiscal. Godoy y su gabinete consideran que sólo la SCJN puede resolver un caso de tal gravedad.

Detalló que Cordero se comprometió el 12 de junio a no seguir aplicando los descuentos, pero no lo hizo. Una vez que el funcionario renunció para buscar la postulación panista por la Presidencia, Godoy solicitó a Felipe Calderón una cita con Blake, la cual se llevó a cabo el 11 de octubre.

En esa reunión, a la que acudieron los coordinadores del Partido de la Revolución Democrática en las dos cámaras del Congreso, Meade negó la existencia del compromiso de Cordero y anunció un nuevo recorte de 450 millones de pesos de las participaciones de octubre, a pesar de los reclamos de los legisladores.

Insistió en que el recurso ante la Corte busca que se ratifique el estado de derecho y no se violente la soberanía estatal.