El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Rafael Lomelí Martínez, reveló que algunos de los 2 mil 790 militares que realizan labores de policías en 22 de los 43 municipios de la entidad han manifestado su intención de sumarse a la nueva corporación que operará en el estado.

Ante representantes empresariales de San Fernando, en la reunión de evaluación del convenio de seguridad pública entre los gobiernos estatal y federal, señaló que los soldados tendrían que someterse a exámenes de control de confianza.

Agregó que no tendría inconveniente en que militares que se den de baja se sumen a la policía, porque es gente que ya trabajó en el estado.

Comentó que al menos 12 municipios de Tamaulipas –la mayoría localidades pequeñas– carecen de policías, pues los agentes han sido dados de baja por reprobar los exámenes de confianza o han renunciado, y la vigilancia está a cargo de agentes estatales o militares.

Agregó que en el municipio de San Fernando la falta de policías obedece a que la mayoría fueron detenidos luego del hallazgo, en agosto de 2010, de los cuerpos de 72 migrantes de centro y Sudamérica en fosas clandestinas. Además se descubrió que había agentes implicados.

Mientras, los 32 policías de Namiquipa, Chihuahua, tomaron dos horas la alcaldía de esa localidad serrana el miércoles para exigir prestaciones como servicio médico, seguro de vida y vivienda.

¡De aquí nadie sale!, gritaron al tiempo que cerraban la puerta del palacio municipal de esa población, ubicada a 250 kilómetros de la capital del estado.

Los agentes realizaron un paro que continuaba hasta el cierre de esta edición. Mientras las autoridades negocian con los inconformes, la vigilancia quedó a cargo de soldados y elementos de la policía única del estado.

En Tulancingo, Hidalgo, unos 30 agentes municipales aprovecharon el cambio de turno para reclamar a las autoridades apoyos y el pago del subsidio federal para seguridad pública. Aseguraron que el estado ya recibió dichos recursos.

En Huejutla, 100 de los 180 policías también reclamaron el subsidio federal y protestaron porque la asamblea municipal aprobó reducir de 60 a 45 días los aguinaldos a los uniformados.

Tulancingo y Huejutla padecen altos niveles de violencia causada por el crimen organizado.

(Martín Sánchez, Miroslava Breach, Rubén Villalpando y Carlos Camacho)