El Senado demandó al gobierno federal iniciar los procesos judiciales necesarios para solicitar la extradición de los funcionarios de Estados Unidos responsables de la puesta en marcha de los operativos Rápido y furioso y Receptor abierto, por los que se introdujeron a México de manera ilegal miles de armas de alto poder.

La propuesta se aprobó luego de un debate en el que el PRI criticó la débil postura del gobierno de Felipe Calderón frente a Estados Unidos.

El senador del tricolor Fernando Baeza recalcó que ni siquiera se ha integrado una averiguación previa por ese trasiego de armamento, pese a que se trata de hechos delictivos en México, que han provocado asesinatos y otros actos de violencia.

Después del reconocimiento del propio procurador de Estados Unidos, Eric Holder, y de otros funcionarios del país vecino de la responsabilidad por la puesta en marcha de esos operativos, ya es tiempo de que aquí no sólo se hubiera integrado la averiguación previa y la consignación correspondiente, sino haber pedido la extradición de los funcionarios que han vulnerado el sistema jurídico mexicano, recalcó.

El también priísta Jesús Murillo Karam advirtió que si el gobierno mexicano hubiera mandado paquetes de droga a Estados Unidos, ya nos estarían pidiendo que metiéramos a la cárcel a todos los funcionarios implicados.

Insistió en que el gobierno de Felipe Calderón no puede dejar de ver como delitos esas operaciones encubiertas e instrumentar los mecanismos jurídicos para que sean perseguidas. Se trata de algo tan elemental como evitar que nos metan armas para matar a mexicanos, dijo.

El dictamen que se puso a discusión –elaborado por la Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte, que preside la senadora panista Adriana González– es el que quedó pendiente la semana pasada. Contenía un reconocimiento a la propuesta del presidente estadunidense, Barack Obama, para regular la venta de armas en los estados que hacen frontera con México.

González le agregó tres puntos con el fin de condenar Rápido y furioso, solicitar a la embajada de Estados Unidos la presentación de informes detallados sobre las audiencias y comparecencias en el Congreso de esa nación sobre los operativos relacionados con la introducción de armas a México y un exhorto al gobierno de Calderón para que continué con la exigencia a Washington de castigar con todo el peso de la ley a los responsables de esas operaciones, que atentan contra los principios de responsabilidad compartida.

Al PRI no le pareció suficiente. Baeza argumentó que no se podía pedir eso a Estados Unidos, si México no hace lo propio y ejercita acción penal, hasta llegar a la extradición de los responsables.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Rosario Green, advirtió que no se podía formular un reconocimiento a Obama cuando el propio procurador Holder declaró que salió derrotado del Capitolio, ya que no se aceptó una cláusula que obliga a las armerías de la frontera a notificar sobre las ventas que hacen.

Los priístas pretendieron regresar el dictamen a comisiones para mejorarlo, pero los panistas González y Luis Alberto Villarreal se opusieron. Este último protestó incluso por la afirmación de Murillo Karam de que se requería un debate muy serio al respecto.

Al final, se saludó la iniciativa de Obama y se lamentó que el Congreso estadunidense se haya opuesto a la propuesta de Holder, que coadyuva a eliminar el tráfico ilegal de armas a México. Y, lo fundamental, se pidió al gobierno de Calderón iniciar las acciones legales que permitan demandar la extradición de los funcionarios responsables de Rápido y furioso.

En tribuna, el legislador perredista Pablo Gómez afirmó que por medio de esos operativos la autoridad en Estados Unidos cometió un delito para combatir el delito, ya que con el pretexto de luchar contra el narcotráfico y perseguir a los criminales, pasaron armamento supuestamente vigilado a México, que terminó en manos de los cárteles de la droga.