SUPLEMENTO ESPECIAL DIRECTORA GENERAL: CARMEN LIRA SAADE LUNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2011

El sector, en manos de canadienses y unos pocos potentados mexicanos

Acaparada, la riqueza minera

Roberto González Amador

La riqueza generada por la explotación de los recursos minerales se disparó en los últimos años. Los dividendos generados por la minería en México superaron la aportación del turismo –la tercera fuente de divisas– a la economía, según datos oficiales. Se trata de ganancias extraídas, literalmente, a favor de un puñado de compañías extranjeras, en particular de Canadá, y algunas nacionales, relacionadas con grupos empresariales de fuerte influencia política, financiera y económica en el país.

En tiempos de incertidumbre financiera, las inversiones buscan el refugio seguro de las materias primas, entre las cuales los minerales son de los más socorridos. Ha sido así en los últimos años. Las previsiones de organismos privados apuntan a que los precios de los metales seguirán en aumento, incluso si ocurre una desaceleración de la actividad económica mundial, como anticipó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su pasada reunión anual.

México es el principal productor de plata en el mundo; ocupa el onceavo lugar en oro, y el décimo segundo en cobre, según datos de la Cámara Minera de México. Es el segundo productor mundial de fluorita, mineral empleado en la industria siderúrgica; el quinto de plomo y el tercero de bismuto, que se utiliza en la industria cosmética.

El territorio mexicano alberga una riqueza que coloca al país entre los primeros 15 lugares del mundo en la producción de 22 minerales diferentes. A los más conocidos como el oro, plata o cobre se añaden fierro, sal, yeso, azufre, fosforita, grafito, entre otros, de acuerdo con la Camimex, organismo que representa los intereses de los empresarios del sector.

En 2010, el valor de la producción minero-metalúrgica del país alcanzó un monto histórico, de 15 mil 474 millones de dólares (51 por ciento más que en 2009) entre los grupos asociados a la Camimex.

Cuadrilla de mineros de la empresa General de Hulla esperan turno para revisión médica antes de ingresar a la mina Pasta de Conchos, donde se realizan trabajos de rehabilitación para rescatar los cuerpos de los mineros, el 17 de de marzo de 2006. Fotografía/ María Meléndrez Parada

Es una cifra que, reconoció el organismo empresarial, superó los ingresos anuales del sector turismo, que en 2010 ascendieron a 11 mil 875 millones de dólares. En total, las divisas generadas por la industria sumaron 15 mil 474 millones de dólares, 51 por ciento más que en 2009.

Detrás del aumento en la rentabilidad de la industria minera asentada en el país está el incremento en el precio de las materias primas en todo el mundo y un trato fiscal ventajoso.

A diferencia de lo que ocurre en otros países latinoamericanos, donde las empresas entregan al fisco una regalía proporcional a la ganancia obtenida, en México sólo pagan un “derecho” de explotación. Su monto es simbólico, respecto del valor del mineral producido. Las compañías que explotan el oro mexicano, por ejemplo, cubren un derecho que va de 5 a 111 pesos por hectárea concesionada.

El incremento en la rentabilidad de la minería en México, como ocurre en todo el mundo, está relacionada con un mayor consumo en las principales economías en desarrollo, sobre todo China e India. También con la recurrente inestabilidad financiera.

“El fuerte impulso en el valor de la producción minera está directamente relacionado con los buenos precios internacionales, que permitieron en 2010 la apertura de ocho unidades mineras”, de acuerdo con el Informe anual 2011 de la Camimex.

Es el caso del oro. El metal, que este año se volvió objeto de deseo de inversionistas y bancos centrales como inversión de reserva, llegó en septiembre de 2011 a mil 670 dólares por onza, 70 por ciento más que en 2009. En una perspectiva más amplia, el precio se ha incrementado hasta en siete veces. En 2000 una onza de oro se cotizaba en 280 dólares.

En el último año la producción de oro generó para las empresas asentadas en México 36 mil 700 millones de pesos, según la Camimex. GoldCorp, compañía canadiense con sede en Vancouver, es la mayor productora de oro, seguida por Frisco, del empresario Carlos Slim.

Pequeño gran grupo

El control de la minería en México está en manos de empresas canadienses y de tres consorcios mexicanos, cuyos intereses se extienden al sector financiero y de las telecomunicaciones. La creciente presencia de firmas extranjeras en el país se ha consolidado en la década de gobiernos panistas, aun cuando en el pasado hubo intentos por “mexicanizar” una industria que, desde la época colonial, ha sido expulsora de la riqueza del país.

“Hasta 1961, fecha en la que se expide la Ley de Mexicanización de la minería, el destino del sector estuvo signado por el férreo control ejercido por el capital foráneo sobre los mayores y más ricos yacimientos minerales del país. A partir de entonces, el derrotero de la minería experimentó un drástico viraje. Entre otras cosas, las riendas del sector se desplazaron del dominio externo para situarse –en relativamente corto tiempo– en manos del Estado y capital mexicanos”, escriben los investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Raúl Delgado Wiser y Rubén del Pozo Mendoza, en el estudio Minería, Estado y gran capital en México.

“Por encima del espíritu nacionalista que motivó la promulgación de esa ley, muy pronto se hizo evidente que el verdadero telón de fondo de la política estatal era fortalecer y potenciar al gran capital minero ‘mexicanizado’, hasta convertirlo en una de las fracciones más exitosas y con mayor proyección internacional del capital monopolista del país”, agregan los investigadores. Ya en los años 80 del siglo pasado, mientras el país era sometido a la apertura y liberalización de la economía, la ley minera de 1961, de acuerdo con los investigadores, creó condiciones de “excepción” para proteger a los grupos mexicanos que dominaban la industria (Peñoles, de Alberto Bailleres; Grupo México, de Germán Larrea, y Frisco, de Carlos Slim), “permitiéndoles aprovechar a su favor diversas medidas de corte neoliberal para acelerar no sólo su proceso de concentración y centralización de capital, sino también posicionarse estratégicamente y establecer un control monopólico sobre los mayores y más ricos depósitos minerales del país”.

Hubo dos momentos en los que se consolidó el interés empresarial en el sector minero mexicano. El primero, entre 1982 y 1988, cuando desde el Estado se definieron estímulos y exenciones tributarias, algunas vigentes, que fortalecieron la concentración del capital en la minería. Entre ellos figuraba la eliminación del impuesto a la exportación.

El segundo momento de consolidación de los intereses empresariales en la industria minera mexicana tuvo lugar entre 1988 y 1996, con el comienzo del proceso de privatización de reservas, unidades y plantas mineras del sector paraestatal.

Existía entonces una Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, que fue perdiendo presencia hasta derivar en lo que actualmente es la Secretaría de Energía. En esos años se crearon también condiciones para transferir concesiones de la pequeña a la gran minería, recuerdan los investigadores de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entonces empezó un proceso de modificación de la Ley Minera, que comenzó en 1990 y terminó en 1996 con la derogación del requisito de “mexicanización”.

En 1988 se dio el banderazo de salida al proceso de privatización, con la “desincorporación” sucesiva de alrededor de 6.6 millones de hectáreas de reservas mineras nacionales. En los ocho años siguientes se puso a disposición de empresarios mineros nacionales 98 por ciento de las reservas federales de zonas mineras, apuntan los especialistas.

La puerta a la inversión foránea se abrió en 1996, con modificaciones a la Ley de Inversión Extranjera. Pero ya entonces, añaden los expertos, las áreas con mayor potencial minero se encontraban en poder de las grandes empresas mexicanas.

“De hecho, la ubicación geográfica de la superficie concesionada a los tres principales consorcios mineros del país, sugiere el armonioso nuevo reparto entre ellos de las zonas geológicamente más ricas”, apuntan.

Los expertos documentan un caso: la privatización de Minera de Cananea a favor de grupo Industrial Minera México, hoy Grupo Minero México, de Germán Larrea Mota Velasco. El ganador de la licitación ofreció 475 millones de dólares, la mitad del monto ofrecido por otro competidor, la regiomontana Protexa, del empresario Humberto Lobo Morales. Antes de la venta, Nacional Financiera había tasado la mina en 2 mil millones de dólares.

“Un indicio que puede contribuir a comprender esta actitud de extrema generosidad se encuentra probablemente en la composición y características del grupo Industrial Minera México. Catalogado como el consorcio más destacado de los ‘cuatro grandes’ que controlan 70 por ciento de la producción minera nacional, en su consejo de administración figuran hombres muy cercanos a la administración presidencial de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), incluso como asesores o consejeros. Entre ellos sobresalen: Jorge Larrea, Miguel Alemán, Rómulo O’Farril, Juan Sánchez Navarro, Prudencio López y Claudio X. González”, citan los especialistas.

El mismo círculo

La red de relaciones político-empresariales en torno a la industria minera asentada en México cruza por varios de los grupos de representación privada que más presión política han ejercido en los últimos años, señaladamente el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

En el consejo de administración del Grupo México, que preside Germán Larrea Mota Velasco, figuran, entre otros: Juan Gallardo Thurlow, presidente de Pepsi en México, del Grupo Azucarero México y negociador empresarial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Está también Antonio Madero Bracho, presidente de San Luis Corporación (industria automotriz) y miembro del CMHN. También figura Claudio X. González, ex presidente del CCE, parte del consejo de administración de Televisa y ex asesor del ex presidente Carlos Salinas, entre otros.

Las ramificaciones entre grupos empresariales se aprecian también en el caso de Industrial Peñoles, propiedad de Alberto Bailleres, también dueño de El Palacio de Hierro, accionista principal de la aseguradora GNP y Médica Móvil, y patrono del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), alma mater de prominentes miembros del grupo gobernante.

Alberto Bailleres es uno de los tres hombres más ricos de México, según Forbes, y forma parte del consejo de administración de Televisa, donde también comparte mesa con Larrea Mota Velasco, de Grupo México. La otra empresa relevante de capital mexicano en la industria minera nacional es Frisco, del magnate Carlos Slim.

Los tres empresarios con mayor presencia en la minería mexicana son, al mismo tiempo, los tres hombres más ricos del país: Carlos Slim Helú, de Frisco; Germán Larrea, del Grupo México, y Alberto Bailleres, de Industrias Peñoles.