Acapulco, Gro., 23 de noviembre. Los procuradores del país definirán protocolos de actuación inmediata con la finalidad de identificar, mediante muestras de ADN, a los muertos que ha dejado la guerra contra el narcotráfico y las confrontaciones entre grupos criminales, pues existe un sinnúmero de restos que van a la fosa común sin ser identificados, señaló Marisela Morales Ibáñez, titular de la Procuraduría General de la República (PGR).

Entrevistada a su arribo a este puerto, donde inaugurará la 26 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, reveló que las procuradurías crearán bases de datos precisas de perfiles genéticos, homicidios y personas reportadas desaparecidas, ya que no existen datos exactos de estos delitos ni de quiénes han perdido la vida, y la base que creó la Presidencia de la República sobre homicidios presuntamente cometidos por rivalidad delincuencial, no es confiable porque se elaboró con datos de crímenes que no se han investigado.

Acerca de los homicidios ocurridos durante la presente administración –más de 50 mil–, Morales Ibáñez señaló que “en la reunión se van a hacer algunas modificaciones al convenio entre procuradurías, porque se acordó elaborar un registro de homicidios por rivalidad delincuencial, pero se ha observado que cada estado, al enviar la información, en muchas ocasiones sólo sabe que es derivado de rivalidad delincuencial.

“Las causas de un homicidio se conocen hasta que se investiga y de entrada es complicado poder catalogarlo. En los encuentros regionales acordamos que en la reunión nacional se modificara el acuerdo para que los casos queden como homicidios dolosos, ya no como rivalidad delincuencial.

“Por eso es importante tener una base de datos de homicidios nacional, donde se vea en forma objetiva la información. Las procuradurías tienen obligación de iniciar una averiguación previa en cuanto tengan conocimiento de un homicidio.

También se analizará cómo ha cumplido cada estado, para que, como se hizo en el Consejo Nacional de Seguridad Publica (con la aplicación de exámenes de confianza a policías estatales y municipales), se cumplan las fechas; por eso se definirán fechas para que se cumpla con la integración de la base de datos.

–¿A cuánto ascienden los homicidios y las desaparecidos en esta administración?

–Es prematuro decirlo, porque la base de datos apenas se está alimentando, y con problemas. La idea es que existan datos objetivos a escala nacional validados por las procuradurías.

En cuanto a las personas no localizadas o desaparecidas, se modificará la parte pericial, se ampliarán los parámetros con que cuentan las autoridades para determinar la identidad de las personas que se encuentran (asesinadas) en algún lugar.

“La parte pericial es vital para poder identificar personas y en eso también hubo consenso en las reuniones regionales: se perfeccionará para ser más eficaz en la identificación de personas. En cuanto se localicen cadáveres se tomarán muestras genéticas, ya que a veces, por el transcurso del tiempo, no es fácil poder identificar de quién se trata.

Los protocolos que se aplican se van a fortalecer en esta conferencia para que estén más completos y poder tener lo suficientemente bien estructurados los pasos que debemos seguir para una mejor identificación de las personas fallecidas, dijo la titular de la PGR.

–Algunos procuradores aseguran que entre seis y ocho de cada 10 personas ejecutadas van a fosas comunes, ¿es verdad?

–Sí, es un dato. No tenemos un dato exacto, pero sabemos que se han encontrado personas que fueron secuestradas o levantadas y luego halladas muertas que están en alguna fosa común.

Por eso es importante que cada procuraduría que encuentre un cadáver de inmediato aplique los pasos para identificarlo antes de que lo envíen a la fosa común, dijo la funcionaria.

Este jueves, en la zona Diamante de Acapulco, bajo fuertes medidas de seguridad se iniciarán los trabajos de la 26 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, donde se tratará, entre otros temas, la actualización del convenio de colaboración interprocuradurías, que permite a autoridades del fuero común coadyuvar con autoridades federales, o viceversa, en una investigación, o que se establezcan los mecanismos bajo los cuales se construyen bases de datos y su consulta o alimentación.