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Según fuentes extranjeras las fuerzas armadas controlan 40% de los ingresos de divisas

Empresa militar cubana, bajo investigación por corrupción; detienen a varios ejecutivos
 
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de diciembre de 2011, p. 35

La Habana, 13 de diciembre. Cuba detuvo a los principales ejecutivos de la poderosa empresa militar Tecnotex, en medio de una amplia investigación sobre corrupción que llevó al cierre de una compañía británica y dos canadienses, dijeron a Reuters fuentes extranjeras.

Tecnotex es una de las empresas más importantes de la isla de gobierno comunista; compra equipos, tecnología, materiales de construcción y otros bienes para gran número de compañías militares que operan en el sector civil de la economía.

Fernando Noy, oficial del ejército director de Tecnotex, estaba entre los funcionarios arrestados, de acuerdo con un empresario extranjero cercano al caso que pidió no ser identificado.

Entraron a la oficina y sacaron a (Fernando) Noy esposado, refirió la fuente. Noy era muy conocido dentro de la comunidad de negocios de Cuba. Su arresto sigue a la detención de ejecutivos extranjeros, un grupo de sus empleados cubanos y compradores de empresas estatales.

La detención de Noy no se pudo confirmar con las autoridades cubanas. Sin embargo, la compañía dijo que ya no trabajaba para Tecnotex y había sido sustituido por Belkis Mir Verdura. El director comercial de la compañía también fue remplazado.

Un viceministro de Azúcar también está preso como resultado de la indagatoria en curso sobre corrupción, que se da en medio de un plan de reformas económicas para modernizar el socialismo.

Las fuerzas armadas revolucionarias de la isla han desempeñado un papel en la economía cubana durante muchos años con una compañía conocida como Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA), que lidera el coronel Luis Alberto Rodríguez, yerno del presidente Raúl Castro.

Diplomáticos occidentales y hombres de negocios creen que los negocios de GAESA, incluida Tecnotex, controlan hasta 40 por ciento de los ingresos de divisas del país.

La policía cubana cerró en octubre las oficinas en La Habana del Coral Capital Group y detuvo al director ejecutivo Amado Fakhre, ciudadano británico de origen libanés.

En septiembre, las autoridades cerraron una de las empresas más importantes de Cuba, el Grupo Tokmakjian con sede en Canadá, después de hacer lo mismo en julio a la también canadiense Tri-Star Caribe.

Las tres compañías tuvieron relaciones comerciales con Tecnotex, de acuerdo con las fuentes extranjeras. Sus directores generales permanecen en custodia y se desconocen las acusaciones contra el ex director de Tecnotex y los otros ejecutivos extranjeros presos y aún sin cargos, según diplomáticos occidentales. Los medios estatales en Cuba no han reportado estos hechos.

El presidente cubano Raúl Castro, de 80 años, fue el general que lideró el Ministerio de Defensa cubano durante 49 años, hasta remplazar en la presidencia a su hermano Fidel por motivos de salud en 2008.

Desde entonces ha tomado medidas enérgicas contra la corrupción, junto a otros esfuerzos para reactivar la debilitada economía con políticas más orientadas al mercado.

Nunca he sido partidario del apresuramiento ni de los cambios bruscos, prefiero mil veces razonar, convencer, educar y sumar que sancionar, pero ante las violaciones a la Constitución y la legalidad no queda otra que recurrir a la fiscalía y los tribunales para exigir responsabilidad a los infractores, dijo Castro al Parlamento en agosto.

Para contrarrestar la corrupción, Castro creó la Contraloría General, con un asiento en el Consejo de Estado desde 2009. A partir de entonces la ha combatido en diversos sectores como el de alimentos, aviación civil, telecomunicaciones, tabaco y la industria del níquel.

Empresarios y diplomáticos extranjeros dijeron que Castro ha tenido menos éxito en la lucha contra problemas como los bajos salarios y la falta de transparencia, que contribuyen al problema. Empleados que manejan contratos multimillonarios ganan el equivalente a unos cuantos dólares al mes. Las autoridades culpan a las sanciones de Estados Unidos impuestas desde la década de los 60.