ue los hombres de empresa hagan negocios con el sector público de la economía es un hecho universal, prácticamente desde los orígenes del capitalismo. En un principio, solían abrirle crédito a los gobiernos y prestarles dinero. Posteriormente, cuando el propio capitalismo cobró fuerza y se desarrollaron la industria y el comercio, se ocupaban de prestar servicios diversos a los Estados o les proveían de bienes necesarios para atender las necesidades de la sociedad o se encargaban de alguna obra que al Estado mismo le resultaba más ventajoso encomendar a otros, igualmente, para servicio de las poblaciones.

Desde luego, no es de eso de lo que trata la iniciativa que Calderón presentó hace poco más de dos años al Senado sobre las llamadas asociaciones público privadas y que ahora ha sido procesada en la Cámara de Diputados y de nuevo aprobada, sobre las rodillas, por el Senado. Una cosa es hacer negocios con el Estado y muy otra asociarse con el mismo para desarrollar la infraestructura u ocuparse de ciertos servicios que competen al sector público. La iniciativa de Calderón sólo buscaba entregar la obra pública y sus colosales recursos a los privados. En lugar de que el Estado se ocupe de ella, ahora sólo asignará, sin licitación, las obras o los servicios, para que los privados se ocupen de ellos de modo permanente e institucional.

Antes operaban contratos individuales que eran, estrictamente, por obra determinada o de prestación de servicios. Ahora se tratará de verdaderos convenios de asociación en los que no se contempla una presencia compartida de las dos partes (el Estado y los privados), sino de una virtual sustitución del Estado por los privados que se encargarán de la obra o del servicio. El Estado renuncia a las ventajas que le dan las licitaciones, pues de modo arbitrario y sin verificar que le darán los mejores precios o se le garantizará la mejor calidad, los funcionarios que estarán a cargo de estos procesos decidirán, sin más, a quien se le otorgan. Como lo señaló el senador Pablo Gómez, estamos ante un intento legislativo de legalizar la corrupción y de convertir al Estado en un instrumento de promoción de los intereses privados.

Por supuesto que este tipo de concesiones a los privados supera con mucho la entidad de lo que se otorgaba a los empresarios mediante contratos por obra o de servicios, porque, generalmente, se trataba de obras o servicios singulares y por una vez en el tiempo. Ahora se tratará de una operación de la obra o del servicio que puede ir hasta los cuarenta años, en sustitución total del Estado cuyo papel quedará reducido, de esa manera, a sólo otorgar los contratos. Lo peor de todo es que quien correrá con la responsabilidad de su financiamiento y también con los riesgos en caso de un fracaso como suele ocurrir no serán los privados, cuya inversión se busca y se cacarea, sino el propio Estado que creará fideicomisos para el efecto a fin de asegurar dicho financiamiento, con recursos públicos y con la garantía del Estado.

Como se señaló en su momento, cuando se debatió primero la iniciativa en el Senado, hubo varios priístas que no estuvieron de acuerdo con ella y así lo manifestaron, en especial, el senador Francisco Labastida, quien señaló los peligros que para el desarrollo del sector público implicaba dejar su obra y sus servicios en manos de privados, pues éstos acabarían adueñándose de la riqueza pública y pervirtiendo la vocación de servicio a la sociedad que la anima y la informa. Eso no fue obstáculo para que los priístas votaran la iniciativa con apenas unas cuantas y superficiales enmiendas. Ahora, como pudo verse, en la Cámara de Diputados fueron los priístas más reaccionarios los que se encargaron de cuidar la aprobación de la propuesta y, según ellos, de mejorarla para hacerla más abierta al beneficio indiscriminado y al saqueo del erario público por particulares.

Reenviada la minuta correspondiente al Senado, su Cámara de origen, el espectáculo que pudimos ver debería avergonzar ahora a los propios senadores, en particular, los priístas y los panistas, los que del modo más prepotente y cínico ni siquiera respondieron a los colegas que discutían y rechazaban los cambios hechos por los diputados y aprobaron la mencionada minuta sin cambio alguno y avalando los que introdujeron los diputados de esos mismos partidos. Como dijo otro legislador, el robo va a quedar institucionalizado, permitido y solapado por la nueva Ley de Asociaciones Público Privadas, totalmente contraria a lo prescrito en el texto de la Constitución y, en general, a todas las leyes que regulan la actividad económica del Estado.

Algo que ya veíamos desde hace tiempo, a contrapelo de la opinión de connotados juristas y, en particular, de especialistas en derecho económico, vale decir, una intolerable mescolanza de ordenamientos jurídicos que chocan entre sí por sus regulaciones diversas y encontradas que harán el paraíso de litigantes inescrupulosos y felones que aprovecharán las contradicciones del orden jurídico y su endeblez técnica y legislativa. No es, de ninguna manera, un tema menor ni secundario. Pero en un régimen como el que nos gobierna, acostumbrado a vivir sin ley y, más bien, decidido a violar cualquier instrumento jurídico para solapar y encubrir los intereses a los que se debe, eso no nos puede sorprender ya.

Quienes sean favorecidos por la asignación de un contrato normado o inspirado por la nueva legislación, podrán estar seguros de que sus ganancias estarán garantizadas, sin ningún beneficio para el Estado ni, sobre todo, para el erario público, y de que, en caso de que él mismo, por inepto, por corrupto o por ladrón eche a perder la obra o el servicio ya no quedará obligado a reparar el daño (como es el caso de cualquier contrato por obra o de servicio), pues de ello se encargará el Estado, en el que, además, en tratándose del funcionario que haya autorizado y asignado el contrato, ni siquiera a él se le podrán fincar responsabilidades. Se pasará la cuenta a la oficina que maneje los dineros públicos y el daño se reparará con cargo a todos los contribuyentes.

Si, como se ha podido observar, en las condiciones de la legislación que hasta ahora ha regulado la prestación de servicios o la realización de obra pública por parte de los privados, las corruptelas y los fraudes al por mayor han sido noticia casi diaria, podrá imaginarse lo que ocurrirá con la entrada en vigencia de la nueva legislación sobre ese tipo de asociaciones, que permitirá asignar contratos sin licitación ni castigo para los infractores o los ladrones (empresarios o funcionarios) y la reparación, siempre que ésta sea efectiva, de los daños que los malos manejos de los contratos y del dinero del Estado (dinero de todos, deberá recordarse siempre) causen al patrimonio nacional.

Recordar los argumentos de los defensores de la iniciativa da grima y vergüenza. Ninguno de los impugnadores sostuvo jamás que no se necesitaba la colaboración de los privados con el Estado ni defendieron los contratos hasta ahora existentes. Simplemente pusieron el dedo en la llaga de la corrupción y del saqueo del Estado que ahora no tendrá freno ni medida. Ya lo veremos.

NB. Nos encontraremos aquí de nuevo en unas semanas.