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El acusado alega que disparó su arma en forma accidental; quedó libre bajo fianza

Exigen castigar muerte de menor a manos de policía en Cuernavaca

El ombudsman estatal señala que el agente abandonó a su víctima en lugar de brindarle ayuda

Emite recomendaciones a la procuraduría de Morelos, al TSJ y a las autoridades municipales

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Carlos Esteva Castillo y Lidia Lazos Martínez, padres de Carlos Esteva Lazos, acudieron ayer a la Comisión de Derechos Humanos de Morelos para exigir justicia por el asesinato de su hijo de 16 añosFoto Rubicela Morelos
Rubicela Morelos Cruz
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 21 de diciembre de 2011, p. 30

Cuernavaca, Mor., 20 de diciembre. La Comisión de Derechos Humanos de Morelos (Cdhmor) emitió la recomendación 224/2011-6 al edil de Cuernavaca, al secretario de protección y auxilio ciudadano del ayuntamiento, al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado y al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para pedir que se investigue y sancione el asesinato del estudiante de 16 años Carlos Esteva a manos de un escolta de director de la policía municipal, Mario Ayón Rodríguez.

Al cumplirse hoy dos meses del homicidio, la comisión responsabilizó de la muerte de Esteva Lazos al policía Rubén Domínguez Mejía, quien además incurrió en prestación indebida del servició público y abuso de poder. No obstante, se encuentra libre bajo caución.

La recomendación puso en evidencia al policía, quien alegó que su arma de cargo se disparó de manera accidental.

Además la Cdhmor señaló que el policía se retiró en vez de ayudar al joven herido, según el informe proporcionado por la Procuraduría General de Justicia del Estado, lo que configura el ilícito de prestación indebida del servicio público y violó el derecho del menor a la vida, argumenta la recomendación.

El 19 de octubre Esteva Lazos, después de tomar clases en la preparatoria número uno, abordó como todos los días un taxi colectivo de Cuernavaca al poblado de Santa María, en donde vivía. Esa tarde iba en la parte de atrás del taxi un escolta del secretario de seguridad del municipio. Al presentarse un incidente con otro automovilista, el policía sacó su arma y se le fue un tiro que hirió en la espalda al joven, quien iba en la parte delantera del taxi.

Pese a que el uniformado se dio cuenta de que lesionó al estudiante, se fue y dejó que se desangrara, lo cual le provocó la muerte 24 horas después en un hospital.

El policía, respaldado por la corporación y por su jefe, fue dejado en libertad porque el juez sólo le fijó una caución de 20 mil pesos. No es justo que ese asesino esté libre, aseveró Carlos Esteva Castillo, padre del menor.

Cuando sucedieron los hechos el presidente municipal era el ahora aspirante a la gubernatura Manuel Martínez Garrigós, quien según Esteva Castillo nunca quiso escucharlos ni ayudarlos para que se hiciera justicia.

La recomendación por este caso fue enviada el lunes al edil interino de Cuernavaca, Rogelio Sánchez Gatica; al titular de la secretaría de auxilio y protección, Mario Ayón Rodríguez; al fiscal morelense, Pedro Luis Benítez Vélez, y al titular del TSJ, Miguel Ángel Falcón Vega.

El visitador de la comisión estatal de derechos humanos, Osmany Licona Quiterio, informó que después de analizar los informes oficiales se demandó al alcalde de Cuernavaca indemnizar a la familia del menor en términos de la Declaración sobre principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder.

Al director de la policía municipal, Ayón Rodríguez, le solicita resolver cuanto antes la investigación y que informe de la resolución contra el uniformado.

Asimismo, si se acredita que el policía no debió portar arma de fuego deberán tomarse medidas para evitar que elementos de esa corporación estén armados fuera de su horario de servicio.

También exige que todos los elementos de la secretaría de auxilio y protección de Cuernavaca reciban capacitación para usar armas de fuego.

Al procurador estatal se le solicita resolver a la brevedad posible la investigación HG01/414/2011 y garantizar el respeto a los derechos humanos de la víctima.

Al presidente del TSJ se le pide verificar el cumplimiento de las normas procesales en la causa penal JC/414/2011 de la segunda sala de tribunales de juicios orales.

Las primeras tres autoridades tendrán 10 días hábiles para aceptar o rechazar la recomendación.

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