El Ministerio Público Federal regresó a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero parte del expediente iniciado con motivo del asesinato de dos estudiantes de la normal de Ayotzinapa.

De acuerdo con fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR), aunque la dependencia federal continuará con los peritajes para tratar de identificar a los autores de los homicidios, la decisión de consignar por esas muertes a alguno de los agentes ministeriales y de seguridad pública que están bajo arraigo será responsabilidad de la procuraduría local.

A pesar de que la PGR anunció la atracción del caso sin señalar reserva alguna en la investigación por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y por los asesinatos de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, ahora ha dejado en manos de las autoridades locales parte de las indagatorias, y por ello permanecen bajo arraigo 12 policías de la entidad que, según la Secretaría de Seguridad Pública federal, fueron los asesinos de los estudiantes, pero el ex procurador Alberto López Rosas –fue cesado del cargo luego de los acontecimientos en la Autopista del Sol– refiere que los responsables de esos fallecimientos fueron policía federales.

Hasta el cierre de esa edición, funcionarios de la PGR señalaron que el Ministerio Público Federal no ha emitido ninguna determinación jurídica ni pericial que señale alguna responsabilidad de policías locales o federales en la muerte de los estudiantes Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

Las fuentes consultadas indicaron que la Dirección General de Servicios Periciales de la PGR continúa los análisis de las armas que se utilizaron durante el desalojo de estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, el pasado 12 de diciembre, y todavía tardarán al menos una semana en ser concluidos.