Mexicali, BC, 25 de diciembre. Durante los tres años recientes, cada tres días, en promedio, se ha presentado una queja por abusos de militares contra la población civil de Baja California. La mayoría son por tortura.

En enero de 2007 el despliegue de soldados en las calles de Baja California llevó tranquilidad y confianza a los habitantes de esta frontera, que se encontraba sitiada por una guerra entre cárteles de la droga. Sin embargo, dos años después comenzaron a reportarse los primeros abusos de soldados en perjuicio de la población civil con la excusa de realizar operativos contra el crimen organizado.

El general Alfonso Duarte, comandante de la segunda Región Militar, que comprende Baja California, Baja California Sur y Sonora, rechazó estas acusaciones y reconoció que sólo hay quejas por allanamiento de morada de personas señaladas como presuntos delincuentes y sus familiares.

En Baja California los organismos de defensa de los derechos humanos comenzaron a recibir quejas por los operativos militares, sobre todo por casos de tortura, cateos y detenciones ilegales, robo, privación ilegal de la libertad, desaparición forzada de personas, y homicidios.

De 2009 a septiembre de 2011 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 314 quejas por atropellos de militares en Tijuana, Mexicali y Ensenada. Estas conductas contravienen los tratados internacionales que el gobierno mexicano ratificó en junio de 2011. La Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California (PDH) recibió 63 de estas quejas.

La CNDH y la PDH recibieron las quejas de ciudadanos que descartaron recurrir a las autoridades castrenses o al Ministerio Público por temor a represalias o confabulación de instituciones.

Este miedo ha afectado la integración de expedientes sobre los abusos; de ahí que sólo una de esas quejas por tortura se convirtió en una recomendación para la Secretaría de la Defensa Nacional.

Ante las denuncias por tortura, los organismos de derechos humanos decidieron recurrir al Protocolo de Estambul para verificar los testimonios de los denunciantes, según los cuales militares y policías utilizan golpes, toques eléctricos, inmersión en agua y amenazas de muerte a familiares para obtener alguna confesión o incriminar a los detenidos.

Uno de los 102 casos denunciados entre enero y agosto de este año fue el de un empresario acusado de delitos contra la salud y posesión de armas. “Fui detenido por los soldados. Me empezaron a pegar en la cabeza y en el estómago. Me dijeron: ‘ya valiste madre, cabrón’. Me pegaron en la planta de los pies con una tabla, me dieron toques eléctricos en los testículos. Escuché que alguien decía: ‘este güey no va a aguantar’. ‘Pues ni pedo. Si no aguanta lo tronamos. Total, una basura más al basurero’. Me pusieron una bolsa de plástico en la cara. Llegó quien dijo ser Ministerio Público. Me pusieron una pistola en la sien y me obligaron a firmar una declaración”.

Seis de cada 10 quejas presentadas ante la CNDH se relacionan con tortura. En el mismo periodo la PDH emitió tres recomendaciones por la misma causa contra la policía ministerial y una contra la policía de Tijuana durante la gestión del teniente Julián Leyzaola, actual jefe policiaco de Ciudad Juárez, Chihuahua.