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Recomendación de la CDH por su traslado involuntario a una institución de asistencia

Debe GDF salvaguardar a poblaciones callejeras
Mariana Suárez
 
Periódico La Jornada
Martes 10 de enero de 2012, p. 32

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 13/2011 por el caso de poblaciones callejeras que fueron objeto de trata, luego de ser trasladadas en contra de su voluntad y con el consentimiento de diversas autoridades, a una supuesta institución de asistencia y rehabilitación para las adicciones llamada Los elegidos de Dios.

La recomendación está dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, a la Secretaría de Desarrollo Social, a la Secretaría de Desarrollo Económico y a las jefaturas delegacionales en Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

El organismo informó que las personas agraviadas, quienes se autodenominan Grupo Juárez, pertenecen a poblaciones callejeras que se ubican en las calles de Humboldt y Artículo 123, en el centro de la ciudad de México.

Asimismo, explicó que el motivo por el que estas personas fueron privadas de su libertad es para supuestamente rehabilitarlos, sin embargo, utilizan métodos no profesionales, actúan bajo amenazas, malos tratos, uso excesivo de la fuerza, castigos y hasta diversos tipos de tortura al no existir supervisión alguna entre instituciones del Estado.

Al concluir su investigación, la CDHDF acreditó la violación al derecho a la libertad personal, el derecho a la integridad personal, el derecho a la igualdad y a la no discriminación.

En la recomendación, el organismo se refirió a los hechos de maltrato en el interior de los lugares denominados granjas, anexos o centros de readaptación para las adicciones.

Entre los puntos recomendados a las instancias capitalinas se solicita girar instrucciones para salvaguardar la integridad de las poblaciones callejeras de esta zona, para no ser hostigados o trasladados a los centros de rehabilitación en contra de su voluntad.

Asimismo, pide que se inicie una investigación dentro de estas dependencias de gobierno para determinar la responsabilidad de los servidores públicos que participaron en los hechos.