Estados
Ver día anteriorMartes 10 de enero de 2012Ver día siguienteEdiciones anteriores
Servicio Sindicado RSS
Dixio

Unos 300 elementos de la PF e INM sitiaron el lugar y destrozaron cabañas, según sacerdote

Desalojan a 250 guatemaltecos refugiados en ejido tabasqueño

Esperaban que el gobierno de su país los reubicara, tras ser sacados por militares en agosto pasado

El rescate fue humanitario, dadas las condiciones en que vivían; pronto serán repatriados : Migración

Foto
Aspecto del campamento que familias guatemaltecas desplazadas ocuparon en Tabasco, en una imagen de noviembre de 2011Foto La Jornada
Foto
Destrozos del campamento, tras el desalojo que realizaron policías federales y agentes de MigraciónFoto La Jornada
René Alberto López
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 10 de enero de 2012, p. 26

Villahermosa, Tab., 9 de enero. Mientras unos policías destrozaban las cabañas del campamento, otros uniformados forzaban a las familias a subirse a los autobuses; algunos de los hombres fueron sometidos con violencia y a pesar del cerco policiaco, alrededor de 70 desplazados lograron escapar, narró fray Tomás González, dirigente del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta, quien informó que la mañana de este lunes fueron desalojadas 68 familias guatemaltecas que estaban refugiadas en el ejido Nuevo Progreso, municipio tabasqueño de Tenosique, localizado en la franja fronteriza con Guatemala.

Unos 300 elementos de la Policía Federal (PF) y del Instituto Nacional de Migración (INM), algunos uniformados y otros vestidos de civil, irrumpieron en el sitio junto con autobuses de transporte y camiones de carga, afirmó el sacerdote. Indicó que uno de los encargados del operativo fue el subdelegado del INM en Tabasco, Érick Gutiérrez Cosío.

Una estrategia fue atrapar a los niños para que sus papás o mamás se entregaran. La PF cercó la comunidad, pero muchos escaparon, refirió.

Los desplazados –unas 250 personas, entre hombres, mujeres y niños–,estaban en espera de que el presidente de Guatemala los reubicara en su país, luego de que el pasado 23 de agosto fueron desalojados por militares de la comunidad Nueva Esperanza, en el departamento de Petén, acusados de ocupar una reserva natural y tener nexos con narcotraficantes, lo que siempre han rechazado.

En diciembre pasado dijeron vivir en la incertidumbre ante el arribo a la Presidencia de Guatemala de Otto Pérez Molina, quien asumió el poder este mes. En ese entonces expresaron su temor de que el gobierno entrante endureciera su postura, de línea militar.

La tarde de este lunes, Tomás González dijo que activistas defensores de los derechos humanos estaban llenos de rabia, de coraje, de impotencia, por la situación de los desplazados, a los que encontramos llorando. Agregó que el lugar donde se ubicaba el campamento seguía sitiado por la PF y agentes de Migración.

Según testigos, las familias que subieron a la fuerza a los autobuses fueron trasladadas a Tapachula, Chiapas, de donde serán repatriadas. Otras versiones aseguran que fueron llevadas a la estación de Migración en el municipio de Tenosique.

Según el INM, el desalojo humanitario fueconforme a la Ley de Migración y participó principalmente personal femenino, sin portar armas, como parte de 110 funcionarios del INM, agentes del Ministerio Público Federal, 169 elementos de la PF, así como 38 funcionarios del gobierno de Tabasco, acompañados de un notario público. Se indicó que en el lugar del asentamiento se carecía de servicios de agua, drenaje y luz, por lo que se procedió al rescate.

Sostuvo que intervino ante las condiciones insalubres en las cuales vivían los desplazados, en un terreno ejidal de Tenosique, y adelantó que en breve serían repatriados.

El INM agregó que los guatemaltecos fueron canalizados a instalaciones del organismo mientras se resuelve su situación jurídica. Añadió que desde que fueron desalojados por la Policía Nacional Civil, el gobierno mexicano realizó gestiones ante su homólogo guatemalteco para su repatriación, más, al prolongarse el tiempo de estancia, la comunidad de Nuevo Progreso dirigió el 14 de octubre pasado una solicitud formal al gobierno federal para que los ciudadanos guatemaltecos salieran de la propiedad ejidal.