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Caso Ayotzinapa
Reconstruye la CNDH desalojo de estudiantes

Fueron policías ministeriales los responsables de los disparos: Luis García

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Un grupo de expertos en criminalística de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó anoche una diligencia en el lugar donde murieron dos estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, el pasado 12 de diciembre. Los peritos usaron rayos láser para determinar el origen y las posibles trayectorias de las balas que privaron de la vida a dos estudiantesFoto Lenin Ocampo Torres
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 14 de enero de 2012, p. 2

Tixtla, Gro., 13 de enero. Visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizaron la reconstrucción del desalojo del pasado 12 de diciembre en la Autopista del Sol, en el cual fallecieron dos estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Auxiliados por elementos de la Policía Federal (PF) y con el uso de maniquíes que simulaban los cuerpos de Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, los estudiantes fallecidos, dos peritos en balística simularon con rayos láser la trayectoria de los disparos que mataron a los dos estudiantes.

El peritaje fue realizado la noche del jueves por los criminalistas Alejandro Sandoval y Ricardo Coronado. El primer visitador Luis García López Guerrero informó hoy que con base en ese peritaje, se ratifica que fueron de poniente a oriente, es decir donde estaban los policías ministeriales, desde donde se dispararon las armas que provocaron la muerte (de los alumnos).

López Guerrero encabezó este viernes una delegación de 20 visitadores de la CNDH, entre abogados y peritos, que escuchó los testimonios de nueve normalistas que resultaron con lesiones durante el desalojo.

El primer visitador informó que no ha concluido la investigación y no descartó que sean citados a declarar funcionarios estatales y federales, entre ellos los secretarios de Gobierno de Guerrero, Humberto Salgado Gómez, y de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.

Lamentó que a 32 días de los hechos, con 31 personas agraviadas, dos fallecidos, una torturada, cuatro con (heridas de) disparos, el chofer de un tráiler agraviado, toda una comunidad ofendida por este hecho, no haya un solo servidor público del Estado mexicano sujeto a proceso penal.

La delegación de la CNDH llegó a las 11 horas a la escuela y fue recibida por Pablo Juárez, dirigente estudiantil, quien encabezó un recorrido por las instalaciones del plantel: dormitorios, baños, cocina y cancha de futbol.

–¿Ustedes cocinan? –preguntó en el comedor el visitador, quien estuvo acompañado por Javier Morlett Macho, de la organización no gubernamental Diálogos por la Convivencia y la Paz.

–No. Son los trabajadores de cocina, pero desde noviembre no se presentan, y ahorita los compañeros de cada grupo se van rotando y son los que cocinan a los compañeros de la base –respondió Pablo Juárez.

Al final del recorrido el visitador dijo: Venimos a ver las condiciones en las que se encuentra Ayotzinapa, a levantar los testimonios que ustedes nos pidieron que levantáramos aquí, a hacer las entrevistas y a entregarles el informe preliminar que la CNDH dio a conocer el día lunes, que es un trabajo previo que está señalando las principales violaciones a los derechos humanos atribuidas tanto a la Secretaría de Seguridad Pública federal como al gobierno de Guerrero.

Con las diligencias de ayer y hoy, y con otras que se hagan en los próximos días se cerrará la la investigación, y en un plazo de 30 a 40 días se dará a conocer a la opinión pública la recomendación final sobre este caso, dijo.

La investigación que estamos realizando, además de determinar las violaciones (a los derechos humanos), va a concluir en un señalamiento todavía más fuerte, más determinante, y en recomendaciones a los niveles de gobierno, puntualizó Luis García.

Ante la prensa, el visitador expresó: “Vemos condiciones difíciles como para que se pudiera desarrollar el tema de la educación de una manera adecuada. Vamos a corroborar esta información con los datos que nos dio el gobierno de Guerrero, y de ahí empezar a sacar conclusiones.

Nos preocupa mucho que el gobierno del estado haya utilizado a policías judiciales, ahora llamados ministeriales, para reprimir a manifestantes, práctica que ya en ningún lugar del país se había observado en años. De tal manera que un poco después de la segunda década del siglo XXI este tipo de prácticas las volvemos a encontrar y es parte de los pronunciamientos que haremos en la recomendación final, reiteró.

Acerca de lo expresado por el ex procurador de Guerrero Alberto López Rosas, de que el informe de la CNDH está sesgado, dijo: Señalamos con mucha contundencia que la primera autoridad que llegó fue la Policía Federal; que la que inició el problema por haber lanzado una granada de gas fue la PF y que de los dictámenes periciales en las lesiones de las personas que fallecieron, al no encontrar la ojiva, entre otras cosas por la contaminación que hubo del lugar de los hechos, genera que de una primera conclusión tengamos la certeza de que los disparos salieron del lugar donde estaban ubicados los policías ministeriales, con un alto nivel de posibilidad, incluso de certeza, que hayan sido ellos los que dispararon y que provocaron en un momento dado la muerte de los estudiantes y lesiones a otros.

Ahora, añadió, corresponde al agente del Ministerio Público determinar con nombre y apellido quién es el responsable: Estamos ante un caso que se llama de autoría indeterminada, que para efectos jurídicos significa que los más de 160 elementos que participaron deben de responder por su grado de culpabilidad.

Vamos a investigar y no dejar en la impunidad el tema del empleado de la gasolinera (Gonzalo Rivas Cámara), quien también falleció. Los argumentos (de López Rosas) los deberá expresar ante el Ministerio Público y eventualmente ante un juez, dijo el primer visitador de la CNDH.

Responsabilidad institucional

Luis García insistió: No hay evidencias de que se hayan utilizado protocolos antimotines, siendo que incluso había un cuerpo antimotines ahí. Además, lo más importante es que no hemos encontrado evidencias de que los estudiantes vinieran armados. Eso nos da entonces la idea de que hubo un uso excesivo de las armas de fuego. Hay una responsabilidad institucional de los tres niveles (de gobierno) por una mala actuación en el manejo de una manifestación que se tornó violenta, concluyó.