Madrid, 17 de enero. El juez español Baltasar Garzón, quien se hizo famoso por su intento de extraditar al ex dictador chileno Augusto Pinochet a finales de los 90, negó este martes haber abusado de su poder, en la primera jornada de un juicio que muchos de sus seguidores ven como una venganza política.

Garzón, de 56 años, enfrenta tres causas ligadas a sus investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, corrupción y otros delitos.

Sus simpatizantes acudieron al Tribunal Supremo de España para externar su apoyo y convicción de que es víctima de una venganza política de enemigos que se ha ganado entre la clase dirigente española. Entre los defensores del magistrado se encuentran las víctimas de la dictadura del general Francisco Franco en España (1939-1975), así como representantes de grupos de defensa a las víctimas de las dictaduras en Argentina (1976-1983) y Chile (1973-1990).

En este primer juicio Garzón podría ser condenado hasta a 17 años de inhabilitación profesional por, presuntamente, ordenar grabar las conversaciones que sostuvieron en prisión los dos principales imputados en una trama de corrupción conocida como Gürtel.

Garzón explicó que autorizó escuchas telefónicas a los involucrados en la trama Gürtel en 2009, por existir indicios de que los acusados y sus abogados estaban coludidos en una maniobra de lavado de más de 20 millones de euros en sobornos depositados en paraísos fiscales.

Las conversaciones se intervinieron por una razón concreta y específica para nada relacionada con el ejercicio de defensa: constatar, y en su caso evitar, la continuación de la actividad delictiva, relacionada principalmente con el blanqueo de capitales, señaló Garzón. La actividad delictiva continuaba por parte de los principales responsables una vez en prisión, agregó.

El fiscal Ignacio Peláez aseguró: él (Garzón) violó los derechos que decía defender. En declaraciones a Reuters dijo: pretendo que el Tribunal Supremo ponga límites y que diga que no vale todo en el ejercicio de la acusación.

El caso fue presentado por dos empresarios que aguardan un juicio por el presunto pago de sobornos a miembros del derechista Partido Popular (PP), que ganó las elecciones de noviembre pasado y que hoy gobierna el país.

Los tres casos son demandas privadas presentadas por individuos y organizaciones, no por el Estado. Garzón ha rechazado las acusaciones y el fiscal público de España recomendó su absolución de todos los cargos.

Por su parte los letrados, únicos que acusan a Garzón, ya que el ministerio fiscal español no lo hace por considerar que no existe delito qué perseguir, denuncian una violación del derecho fundamental a la defensa de los presuntos implicados en la trama Gürtel.

Si Garzón fuera condenado en alguno de los casos quedaría imposibilitado de ejercer su profesión hasta por 20 años, lo que sería el fin de su carrera judicial. El abogado cobró fama en España por dirigir una pesquisa sobre los escuadrones de la muerte, conocidos como los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) financiados y organizados por el gobierno socialista en la década de los 80 en su conflicto con los nacionalistas vascos, un proceso que aparentemente ayudó a la centroderecha a derrotar a la izquierda en elecciones en 1996.

El magistrado Baltasar Garzón, de 56 años, ayer en el Tribunal Supremo de EspañaFoto Ap

También se ganó detractores que lo acusaron de querer llamar la atención con casos de alto perfil que involucraron a presos de la cárcel en Guantánamo y a detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar en Argentina y querer enjuiciar a Pinochet, cuya detención logró en Gran Bretaña a finales de los 90.

Garzón además está acusado de violar una ley de amnistía al ordenar una investigación sobre el asesinato de decenas de miles de civiles durante la dictadura de cuatro décadas del general Francisco Franco. El juez intentó encontrar a los responsables del asesinato de cerca de 150 mil personas durante la dictadura, algo que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas señala que no es posible, pero Garzón intentó aplicar el derecho internacional para peseguir a los represores. Amnistía significa amnesia, argumentó en su momento Manuel Fraga, ex ministro de Franco y fundador del PP, fallecido el pasado fin de semana.

Un grupo de abogados internacionales, organizaciones de derechos humanos y artistas de izquierda, como el director de cine español Pedro Almodóvar, han salido a apoyar a Garzón.

Estamos ante un hecho que avergüenza a la democracia española, a la justicia y al propio Tribunal Supremo, que es juzgar a un inocente, en primer lugar por haber querido juzgar al franquismo y también por haber querido luchar contra la corrupción, consideró el diputado de izquierda Gaspar Llamazares, a las puertas del tribunal.

Aproximadamente un centenar de personas se manifestaron ahí para expresar su apoyo a Garzón, al que recibieron con aplausos.

La plataforma Solidarios con Garzón, en la que participan artistas como el poeta Marcos Ana –encarcelado durante la dictadura franquista– y la actriz Pilar Bardem –madre del actor Javier Bardem– prometió manifestarse todos los días mientras duren los procesos.

Resulta paradójico que Garzón sea juzgado por intentar aplicar en su país los mismos principios que logró promover con éxito en el ámbito internacional, dijo Reed Brody, consejero jurídico y vocero de Human Rights Watch. A menos que existan circunstancias claras y suficientemente convincentes, procesar a un juez por su actuación atenta contra la independencia judicial, agregó.

Su abogado volverá a solicitar que dos de los jueces que presiden el caso sean remplazados, ya que asegura que no son imparciales.