El gobierno federal sostuvo que los organismos electorales son los responsables de vigilar –en el marco de sus atribuciones– que el narcotráfico no se inflitre en la contienda electoral. En tanto, puso a disposición inmediata de los precandidatos únicos a la Presidencia de la República (Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto) el aparato de seguridad del Estado mexicano para su custodia.

Por disposición constitucional el órgano que vela porque los candidatos cumplan con los requisitos legales necesarios no es el gobierno federal, sino el Instituto Federal Electoral, que valida ciertos requisitos y, en segunda instancia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que confirma, revoca o modifica alguna resolución del IFE, aseveró el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (SG), Obdulio Ávila.

Al preguntarle acerca de la información –difundida en México y en el extranjero– acerca de los riesgos de que el narcotráfico imponga candidatos, el funcionario respondió que precisamente el convenio de seguridad entre Gobernación y el IFE pretende dar garantías a los ciudadanos. Comentó que saluda la medida –como el método que pretende aprobar el PRI– para impedir esta injerencia del crimen en asuntos electorales, porque en esto se requieren acciones, más que declaraciones de buena fe.

El gobierno federal, insistió, cuida de la seguridad de la población, aunque una cosa es el ambiente de seguridad para que no existan incidentes de violencia y otra es vigilar si el candidato o candidata cumple con los requisitos de ley. Para ello tiene el IFE la figura de investigación preliminar, para hurgar alguna conducta que parezca ilícita.

Nosotros no estamos eludiendo la responsabilidad, sino cumpliendo con las obligaciones estipuladas en la ley. Los órganos autónomos, que son las autoridades electorales, deben hacer lo mismo. El gobierno federal no se va a prestar a un espectáculo de dimes y diretes; la Constitución es clara respecto de a quién le toca investigar delitos y a quién aceptar las candidaturas, señaló.

En entrevista con este diario, el coordinador de estos protocolos comentó que si bien existen áreas de una alta conflictividad social o donde puede haber una injerencia del crimen organizado, son zonas focalizadas.

Aunque el 30 de marzo se iniciará la campaña, el gobierno federal se declaró ayer listo para ofrecer desde este preciso momento seguridad a los precandidatos únicos. En el caso del PAN, esta decisión se tomará hasta el 19 de febrero.

–¿Qué se ofrecerá a los candidatos y a los que actualmente son precandidatos únicos? En 2006 cada candidato tuvo requerimientos especiales...

–Tampoco es un menú como de restaurante para satisfacer las necesidades de cada candidatura. Lo que ofrece el gobierno federal es la seguridad institucional. Al día de hoy ninguno de los dos partidos políticos (sic) que tiene candidato único ha solicitado seguridad al gobierno federal o al IFE.

Finalmente, el subsecretario precisó que la protección no es obligatoria, por lo que los candidatos tienen todo el derecho de rechazarla.