El modelo de contrato para la explotación de crudo en campos maduros en la zona norte por empresas privadas incluye el pago de servicios de exploración, pese a que, por definición, no la requieren, porque son áreas exploradas y la tendencia de producción muestra declinación.

Además, las bases no detallan el esquema y los procedimientos de control y fiscalización de dichos contratos. Adicionalmente, se carece de detalles sobre el manejo contable y fiscal que se dará a éstos, los cuales rayan en la inconstitucionalidad, según opinan expertos en temas energéticos.

Es importante recordar que en la primera ronda de los llamados contratos integrales aplicados en la zona sur se presentaron varias controversias constitucionales, tanto por la Cámara de Diputados como por estados y municipios, sin que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera el fondo del asunto y mucho menos aprobara los contratos.

La SCJN desestimó la personalidad de quienes presentaron las controversias y, en otro caso, estimó que algunos artículos del reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos (Pemex) no violaban la Constitución. Pero en ningún momento aprobó esos contratos.

Pemex Exploración y Producción (PEP) publicó el pasado jueves la convocatoria para una nueva licitación para la celebración de contratos integrales de exploración y producción en campos maduros de la región norte, localizada al norte de Veracruz y el sur de Tamaulipas. Se seleccionaron seis áreas para seis contratos integrales EP, cuatro de ellas en tierra –Altamira, Pánuco, San Andrés y Tierra Blanca– y dos áreas marinas –Arenque y Atún.

Los llamados campos maduros son áreas con rentabilidad por debajo del promedio estimado para la actividad, pero que aún son lucrativos para los operadores.

Cabe destacar que la denominación de estos segundos contratos es diferente con la de la primera ronda en la región sur. En esta ocasión se trata de contratos de exploración, desarrollo y producción, mientras los de la zona sur eran de evaluación, desarrollo y producción. Con este cambio se cubre la totalidad del espectro de operaciones petroleras en un contrato de servicio.

Rosío Vargas Suárez, investigadora titular del Centro de Investigaciones sobre América del Norte y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, aseguró que los contratos integrales para la exploración y explotación de hidrocarburos por empresas privadas nacionales y extranjeras corresponden a una estrategia bien definida que tiene como objetivo la privatización del suelo y de los recursos petroleros, por lo que lo que se transferirá al contratista será renta petrolera.

Para Rogelio Gasca Neri, consejero profesional independiente de Petróleos Mexicanos, “estos nuevos contratos son aún menos equitativos que los aprobados por el consejo para la región sur y también menos equitativos que los que finalmente se firmaron.

Gasca Neri concluye: El balance en el nuevo contrato es claramente en contra de Pemex.