Número 187
Jueves 2 de Febrero
de 2012


Director fundador
CARLOS PAYAN VELVER

Directora general
CARMEN LIRA SAADE

Director:
Alejandro Brito Lemus

La defensa del Estado laico,
demanda de la ciudadanía

En México, dos de cada tres feligreses opinan que los sacerdotes no deben ocupar cargos de elección popular, que la Iglesia católica no debería opinar en asuntos públicos, ni tampoco ser dueña de medios de comunicación, por lo que consideran que no debería modificarse la Constitución para estos fines, según los resultados de la Encuesta de Opinión Católica 2009.
Por ello, Católicas por el Derecho a Decidir en conjunto con otras organizaciones que promueven la defensa del Estado laico en México, ha dado seguimiento puntual al proceso de la reforma al artículo 24 Constitucional que fue aprobado en la última sesión del periodo ordinario de la Cámara de Diputados del 2011.
Sin embargo, el procedimiento que llevó a esta reforma no fue transparente, ni siguió las normas estipuladas en la Cámara para una reforma de esta índole: se hizo arbitraria y sigilosamente y sin respetar los procesos legislativos estipulados: un grupo de diputados del PRI y el PAN citó a una reunión extraordinaria sin convocar a los diputados de las otras fracciones parlamentarias.
Ante este contexto, nos preocupan de manera alarmante los efectos que podría generar esta reforma en caso de ser aprobada tal y como está, debido a que:
• La reforma al 24 constitucional es una meta acariciada por la jerarquía católica interesada en recuperar privilegios que le reportarían beneficios inmensos en los campos de la educación pública y la posesión y control de los medios masivos de comunicación, y en perjuicio de otras creencias religiosas, de la población católica que no comparte la visión dogmática de la jerarquía eclesial y de quienes no profesan ninguna religión.
• El dictamen que acompaña este cambio expresa claramente que a la luz de esta reforma se pretende revisar los artículos 3°, 5°, 27 y 130, así como la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en donde se asientan precisamente los principios de laicidad que permiten el pleno ejercicio de la libertad de conciencia y de la libertad de religión.
• La mejor manera de garantizar no sólo la libertad religiosa sino la igualdad entre todos los creyentes es un Estado laico, que regule los actos sociales emanados de las creencias religiosas y no privilegie a ninguna religión ni se oponga a ella. El Estado laico, que va más allá de la separación entre el Estado y las iglesias, establece la igualdad real y la no discriminación a partir de la autonomía de lo político frente a lo religioso.

Por las razones expuestas exhortamos a la Cámara de Senadores a:
1. Actuar en congruencia con los principios de la laicidad, que han demostrado ser la única garantía de la convivencia armónica y de las libertades y derechos fundamentales en una sociedad cada vez más diversa y plural.
2. Aprobar la reforma al Artículo 40 Constitucional que incluye la laicidad como característica esencial de la República mexicana, condición que garantiza el pleno ejercicio de libertades y derechos para todas y todos.
3. Rechazar la reforma al Artículo 24 Constitucional pues como está redactada puede constituirse en punta de lanza para modificar otros artículos de la Constitución que son pilares del Estado laico.
4. Abrir espacios de debate plural, en los que participemos personas de la academia y de las organizaciones civiles con experiencia en el tema, para que basados en razones históricas y democráticas, preservemos el orden constitucional que hemos construido mexicanas y mexicanos.
5. Refrendar el compromiso de quienes enarbolan la democracia como bandera para que cerremos filas alrededor de la defensa del carácter laico del Estado mexicano, condición imprescindible para la tan anhelada convivencia armónica y la paz social.
En Católicas por el Derecho a Decidir continuaremos dando un seguimiento puntual a este proceso y seguiremos pronunciándonos a favor del respeto al Estado laico, plural y democrático, como la condición imprescindible para la garantía de libertades y derechos que a todas y todos nos son esenciales: la libertad de conciencia, el derecho a decidir, el respeto a las expresiones de la diversidad sexual y el disfrute de la sexualidad libre y placentera.

S U B I R