jornada
letraese

Número 187
Jueves 2 de Febrero
de 2012



Director fundador
CARLOS PAYAN VELVER

Directora general
CARMEN LIRA SAADE

Director:
Alejandro Brito Lemus

pruebate


Adrian Nandayapa

Servicios lejanos

A casi cuatro décadas de distancia del inicio de la primera política de distribución de anticonceptivos, y en el último año del presente sexenio, aún se registran deficiencias en el acceso de la población, especialmente de las mujeres, a servivcios integrales de salud reproductiva. Los obstáculos son todavía culturales, pero también estructurales debido a la perspectiva economicista del modelo de salud actual.

Rocío Sánchez

La muerte materna es un problema que no cede y al que México ya reconoció que no podrá ganar la batalla para 2015, como lo establece el punto 5 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que plantea reducirlo en 75 por ciento. Sin embargo, las mujeres muertas por causas relacionadas con el embarazo, el parto o el posparto, no son casos aislados, parecen ser la culminación de una cadena de deficiencias en la aplicación de las políticas de salud reproductiva, que se dividen entre avances y retrocesos.
El error, estiman algunas activistas por los derechos de las mujeres, está en la concepción actual del sistema de salud, que durante los dos sexenios panistas ha estado basada en el Sistema de Protección Social en Salud, cuyo principal brazo operativo es el Seguro Popular. La manera en que opera esta estrategia deja grandes espacios de opacidad, pues no existe una fiscalización de los recursos, ni una etiquetación rigurosa ni mecanismos de rendición de cuentas. De esta forma, el peso que se da a las políticas gubernamentales de salud reproductiva queda a elección de las administraciones locales.
Muertes maternas
El país ha reportado resultados positivos en siete de los ocho ODM, formulados por la Organización de las Naciones Unidas para ser alcanzados en 2015. No obstante, el tema de la muerte materna avanza a un ritmo lento. A fines de los años noventa la razón de muerte materna era de 89 mujeres fallecidas por cada mil. La cifra descendió a 50 en 2011, y la meta de la administración de Felipe Calderón en el último año de su periodo de gobierno es de 44.5. A este ritmo, el Consejo Nacional de Población ha reconocido que no se alcanzará la meta de bajar la razón a 22 para 2015.
Paradójicamente, los dos sexenios panistas han privilegiado programas de atención a mujeres embarazadas, al menos en el discurso. De hecho, en el último año la principal estrategia de afiliación del Seguro Popular, bandera de la política social actual, se ha enfocado principalmente a embarazadas y sus futuros hijos, a través de programas como Seguro Médico para una Nueva Generación.
De acuerdo con Daniela Díaz, integrante de la Coalición por la Salud de las Mujeres, más de 90 por ciento de las mujeres que murieron por causas relacionadas con la maternidad fueron atendidas en los servicios de salud. Es decir, no necesariamente mueren por falta de atención médica.
La Coalición, en conjunto con la Comisión de Equidad y Género de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados, impulsó el Anexo 10 del presupuesto, que contiene el gasto etiquetado para mujeres en diversos rubros. Ahí se designó presupuesto para combatir la mortalidad materna, principalmente dirigido a atención de emergencia obstétrica. No obstante, los resultados siguen siendo deficientes. El Observatorio de Mortalidad Materna hizo un seguimiento del perfil de las mujeres fallecidas en este rubro: la mayoría de ellas estaban afiliadas al Seguro Popular. “En 2009, 33.1 por ciento de las más de mil 200 fallecidas tenían Seguro Popular, por ende estaban en el programa de Embarazo Saludable”, aclara Díaz. Para 2010 la cifra de usuarias del Seguro Popular aumentó a 39 por ciento de las 992 muertes.
Sobre estos datos se cuestionó al entonces secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos. Su respuesta fue que se trataba de una ecuación en la que, si la mayoría de la población que antes carecía de seguridad social ahora estaba en el Seguro Popular, y si la mayoría de las mujeres que fallecían antes no tenían seguridad social, conforme se afiliaran al Seguro Popular se iban a registrar más casos de mortalidad materna en este esquema, narra Díaz a Letra S. “Parece lógico si lo ves inocuo, pero no lo es cuando la fuente de financiamiento (el Sistema de Protección Social en Salud) tiene más de 60 por ciento de los recursos para salud, y cuando además hay una estrategia específica para la atención de embarazo, parto y posparto”. Así, “no puede ser que un esquema de aseguramiento que cuenta con acciones específicas muy delimitadas tenga tal proporción de mujeres fallecidas”.

Planeación, presupuesto y rendición de cuentas
Las políticas de salud reproductiva existen, pero su aplicación se desdibuja a medida que desciende desde el nivel federal hasta el local, advierten activistas. La falta de transparencia en el presupuesto no es exclusiva de los recursos para salud, pero sí influye en lo que se puede considerar, cuando menos, una implementación no homogénea de los servicios de salud reproductiva.
A pesar de las etiquetas y la desagregación presupuestaria que han logrado las organizaciones civiles, los recursos para salud reproductiva están disgregados. El propio sistema de salud está fragmentado, pues la responsabilidad se distribuye en varias instituciones: IMSS, ISSSTE, Secretaría de la Defensa Nacional, Pemex, Secretaría de Marina y la misma Secretaría de Salud (SSA).
A esto hay que sumar la descentralización, la cual “afecta muchísimo a la SSA ya que la gestión y ejecución de los recursos financieros y la gestión de los servicios de salud son responsabilidad de las entidades federativas, entonces hay una especie de corte que interrumpe la rectoría de la SSA”, dice Daniela Díaz, también investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Además, en el caso específico de la SSA, la mayoría de los recursos los tiene el Sistema de Protección Social en Salud. “Es una gran bolsa donde la figura de los programas es pequeña y se desdibuja”. Ese dinero se distribuye a su vez entre el Seguro Popular (que absorbe casi la totalidad de ese recurso), el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, infraestructura, gastos administrativos y Seguro Médico Para Una Nueva Generación. Es lo único que está identificable dentro de este presupuesto.
En el nivel local, los actores que intervienen son responsables de las estrategias directas de atención, pero “pueden tener comportamientos muy diferentes, pueden tener una jurisdicción que brinda muy mala atención y recibir muchos recursos”, comenta Díaz. En ese nivel, los programas se pierden porque no es obligatorio que existan hasta el nivel local, donde finalmente se prestan los servicios. Sin embargo, “nada de eso importa, lo que les importa es el modelo financiero”.

De regreso a lo básico: abasto de anticonceptivos
El Objetivo 5 de los ODM no se limita a abatir la mortalidad materna. Desde 2007, cuando la revisión de los progresos indicaba que sería una meta difícil de cumplir para muchos países, se agregó la meta 5b “Lograr el acceso universal a la salud reproductiva”, a la cual el gobierno mexicano no suele hacer referencia.
La Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF, por sus siglas en inglés) define al acceso universal a la salud reproductiva como “un paquete completo de servicios que incluyen la educación integral en sexualidad, el acceso a la anticoncepción, la atención materna (pre y postnatal y atención especializada en partos), atención obstétrica de emergencia”, entre otros. La organización sostiene que el acceso universal a la salud reproductiva es la clave para reducir la mortalidad materna, prevenir los embarazos no deseados, frenar la propagación de infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH.
Sin embargo, en México el avance ha sido lento en el abasto de métodos anticonceptivos. En 2011, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) publicó el documento “Experiencia de fiscalización de acceso, abasto y uso de métodos anticonceptivos”, una serie de seguimientos realizados entre 2007 y 2010 en siete estados de la República, donde se documentó la presencia y la accesibilidad de métodos de planificación familiar en las instituciones de salud. Adriana Jiménez Patlán, coordinadora de la red, habló con Letra S sobre los resultados: “Encontramos que sí hay abasto, pero el acceso para los jóvenes es difícil y varía de acuerdo a las políticas estatales”. En este punto, coincide en que “los cacicazgos y las políticas de cada estado” pueden provocar grandes variaciones en la atención entre un estado y otro.
“En Morelos, por ejemplo, es muy complicado que un joven acceda a los métodos anticonceptivos debido a los prejuicios”. En el monitoreo se encontró que los prestadores de servicios no sabían cómo funciona la anticoncepción de emergencia, y cuando se presentaron estos resultados a las autoridades de salud del estado “se mostraron renuentes a reconocer que eso está ocurriendo”. Lo mismo sucede en Zacatecas, “son dos estados donde encontramos resistencia a mejorar los servicios porque prevalece una visión conservadora sobre la sexualidad de los adolescentes, de los jóvenes e incluso de las mujeres que no están unidas”.
Otro tipo de situación se presenta en Hidalgo, donde sí hay abasto y acceso a los anticonceptivos, pero el personal de salud carece de información suficiente sobre el uso de la anticoncepción de emergencia e incluso otros métodos anticonceptivos. Esto tiene que ver, detalla Jiménez Patlán, con que “en las jurisdicciones sanitarias se capacita a una o dos personas, pero esa información no baja hasta el personal que da la atención directa”. En Hidalgo, cuando se presentó este diagnóstico, las autoridades estuvieron dispuestas a mejorar los servicios. Incluso firmaron un convenio para que integrantes de Ddeser capaciten a todas las jurisdicciones sanitarias del estado durante este 2012.

Nos quedamos a medio camino
Jiménez Patlán, también integrante de Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, comenta que la idea del conservadurismo que existe en algunas entidades no necesariamente coincide con la realidad. “En el caso de Jalisco, aunque gobierna una persona como Emilio González Márquez, los resultados fueron de los mejores: hay abasto de anticonceptivos, se brinda la información adecuada”. Sin embargo, cuando se presentaron al Ejecutivo estatal los resultados de la investigación no fijó ninguna postura.
Para la activista, el reto de optimizar los servicios de salud reproductiva –la media nacional de demanda insatisfecha de estos insumos es de 12 por ciento–, es doble: por un lado, vigilar la política general y por el otro, vigilar en qué se gasta el dinero y evitar la opacidad a nivel estatal.
Además, opina que la planeación de políticas debe enfocarse más a cubrir las necesidades de grupos específicos. Es decir, hacer políticas diferenciadas, pues si bien existe un programa de salud reproductiva para adolescentes, no son iguales los jóvenes urbanos a los jóvenes rurales o a los indígenas.
Respecto a los avances, la activista considera que “vamos a mitad de camino; nos falta el acceso real” a la salud reproductiva. Los esfuerzos, agrega, deben ir en dos vías: no sólo brindar la información a las adolescentes y a los jóvenes, sino también a sectores como los maestros y los padres de familia. “Se tendría que abarcar también a estos sectores que se oponen a una realidad que es constante en nuestro país, que es la sexualidad.”

 

 

 

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