Las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo abren un escenario no sólo propicio, sino obligado para que, en caso de que no se cumpla con los derechos económicos, sociales y culturales, se busque garantizarlos por la vía judicial, afirmó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Juan Silva Meza.

Señaló que en los casos donde las autoridades no proporcionen –por ejemplo– agua, acceso a la educación y salario y vivienda dignos, el Poder Judicial Federal podrá dictar sentencias que obliguen a garantizar esos derechos,

Al participar en la inauguración de un foro internacional que se realizó en la sede de la SCJN, Silva Meza señaló que la distancia existente entre el reconocimiento normativo de los derechos económicos, sociales y culturales –en la Constitución y en tratados internacionales– y su vigencia en la realidad es el principal problema que hoy enfrentan dichas garantías. Ante esa situación, y en la idea de que todos los derechos deben contar con garantías efectivas para concretarlos, su justiciabilidad representa una vía de la mayor importancia para hacerlos efectivos.

Esto es, que si bien los derechos antes mencionados, que se consideran la segunda generación de los derechos humanos a escala mundial, tienen todavía un largo camino que recorrer, los tribunales mexicanos ya han emitido sentencias a ese respecto. Por ello, el presidente del máximo tribunal del país mencionó que “son, hoy, pocas las sentencias mediante las cuales se han garantizado esos derechos. De ellas destacan casos sobre el derecho a la salud y algunos más sobre el derecho a la seguridad social y derecho a la información ambiental. Y uno sobre el derecho al agua.

“Sin embargo, las reformas constitucionales abren un escenario no sólo propicio, sino obligado, para que en casos de no vigencia de estos derechos se busque garantizarlos por la vía judicial, ya que se trata de aquellos reconocidos en tratados internacionalmente ratificados por el Estado mexicano, del deber de aplicar el principio pro persona y de la obligación de ejercer control de convencionalidad.

A partir de este nuevo contexto, los tribunales federales habremos de enfrentar en el futuro asuntos cuya resolución implicará, al menos, hacer referencia no sólo al reconocimiento de estos derechos en la norma de mayor jerarquía del país, sino también en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano. Y ello supone hacer explícito que se trata de derechos humanos y que pueden ser exigibles por la vía judicial, señaló el presidente de la SCJN.

En tanto, Héctor Fix Fierro, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirmó que México no necesita más leyes para que se garanticen los derechos económicos, sociales y culturales, entre los cuales están el derecho a una vivienda y a un salario dignos y contar con suministros de agua potable.

Entrevistado al término de la inauguración del foro, aseguró que la aplicación de esos derechos en México depende de cómo se quiera ver: el vaso, medio lleno o medio vacío. Sin duda hay muchos problemas todos los días en cuanto a los derechos a alimentación, al agua, pero también hay que ver que el país ha seguido progresando y tiene un avance como nunca en cobertura educativa, de vivienda y salud.

Al preguntarle si en México existen salarios justos, contestó que él, como investigador, sí lo tiene.