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Se cuenta únicamente con los datos de la CNDH, admite el secretario de Gobernación

No hay base de datos con el número de desaparecidos de 2006 a la fecha: Poiré
 
Periódico La Jornada
Miércoles 8 de febrero de 2012, p. 16

El gobierno federal no tiene una base de datos acerca del número de desaparecidos –como consecuencia de la inseguridad y la violencia de 2006 a la fecha–. La única referencia son las cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), admitió ayer el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.

No tenemos un número específico adicional al que se ha reportado o registrado por parte de la CNDH, confesó.

Los comentarios de Poiré no significan algún avance en comparación con los datos emitidos por sus antecesores. En junio de 2010, el entonces titular de Gobernación, Fernando Gómez Mont, habló de las indagatorias de mujeres desaparecidas pero no aportó un estimado de la problemática.

Exactamente un año después, el secretario Francisco Blake se reunió con familiares de decenas de desaparecidos y refrendó el compromiso de acelerar los trabajos para tener la base de datos.

Ocho meses después, el actual responsable de la política interna sigue sin dar tal estadística.

La CNDH dijo en noviembre pasado que tenía registros de 16 mil 800 personas desaparecidas, entre extraviadas, ausentes y fallecidos no identificados.

En conferencia de prensa, Poiré admitió que es necesario robustecer mecanismos –entre la Federación y los estados– para la protección efectiva de defensores de derechos humanos. El objetivo es evitar incidentes como el de Norma Andrade, cofundadora de la organización Nuestras hijas de regreso a casa, quien ha sufrido dos atentados.

Cuando se confirmaba la información acerca de que la activista dejará el país por no contar con garantías en materia de seguridad, el funcionario resaltó que Andrade ya estaba siendo protegida por elementos federales.

En el último tramo del sexenio, el Ejecutivo enviará al Congreso de la Unión una iniciativa de protección a víctimas y presentará protocolos de acción de cada corporación policial o de las fuerzas armadas.

Sin embargo, aun no tiene listo el mecanismos nacional de protección a los defensores de garantías básicas y tampoco existe un recuento de la reparación del daño a víctimas de los elementos en mención.

–¿Las víctimas están recibiendo apoyos relativos a reparación del daño?

–En algunos casos, sí. Y la información precisa (de ello) la tendrá que dar cada una de las dependencias.

Dijo que este mes o el entrante, analizarán el tema de los desaparecidos en el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Subrayó que de las 20 mil quejas recibidas en la CNDH durante 2011, fueron emitidas 95 recomendaciones, y de éstas sólo 75 corresponden a la administración federal. De este subgrupo, poco más de la mitad de las recomendaciones fueron dirigidas a instituciones relacionadas con la seguridad pública (15 a la Secretaría de Seguridad Pública, seis a la PGR, 25 a la Secretaría de la Defensa Nacional y seis a la de Marina).

En relación con el mecanismo de protección a periodistas, precisó que desde su creación (hace más de un año) ha brindado apoyo a 11 comunicadores.

Recordó que en tanto no sea aprobada la ley relacionada al fuero militar, las dependencias deberán explorar los mecanismos para que en casos de militares responsables de violaciones a derechos se busque la manera de declinar o transferir la competencia militar en favor de los ministerios públicos y los jueces civiles.

Gobierno usará información en su poder

En momentos en que están en curso diversas indagatorias de la PGR en contra de gobiernos y/o ex mandatarios priístas, Poiré advirtió que el Ministerio Público de la Federación tiene la obligación de actuar con información que obra en su poder. No obstante, enseguida dijo que esta administración no hace ni hará jamás uso político de la justicia.

Comentó que esa vía se tiene que utilizar también ante cualquier denuncia de espionaje y que se presente en la PGR porque no es una decisión optativa del Ministerio Público sino es su obligación por ministerio de ley.

Acerca del convenio con el IFE, dijo que hay una coordinación estrecha para identificar posibles incidentes o posiblemente elementos que signifiquen riesgo... para identificar las zonas en las cuales tenemos que tener mayor atención y mayores capacidades preventivas en torno de la participación del crimen organizado en los meses por venir, expresó.

No podemos ignorar, reiteró, el hecho de que pueden existir elementos de la delincuencia con el interés de incidir, perturbar, distintos procedimientos electorales.