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Otorgan amparo a ex titular de finanzas de Coahuila
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 16 de febrero de 2012, p. 13

Saltillo, Coah., 15 de febrero. El juez primero de distrito de Saltillo, José Daniel Nogueira Ruiz, concedió un amparo al ex responsable financiero del gobierno de Coahuila, Javier Villarreal Hernández, con el cual no podrá ser detenido por autoridades estatales en relación con el proceso que se le sigue por presunta falsificación de documentos para obtener créditos bancarios.

Hace dos semanas el juez segundo penal de Saltillo, Adrián González Hernández, emitió una orden de reaprehensión contra Villarreal por no haber acudido a firmar la garantía de libertad bajo fianza que le concedió en octubre pasado, cuando policías estatales lo detuvieron en la capital coahuilense.

Villarreal ingresó al penal de Saltillo el 28 de octubre, pero el juez le concedió el beneficio de libertad bajo caución con el pago de una fianza de 1.6 millones de pesos, pero el ex funcionario estaba obligado a acudir cada mes al juzgado para firmar el libro de registros, lo cual no cumplió.

El 8 de febrero el fiscal general del estado, Domingo González Favela, dio a conocer que desde una semana antes la policía estatal buscaba a Villarreal ya que el juez González Hernández ordenó su reaprehensión por no haber ido a firmar.

Según el listado de acuerdos del juzgado primero de distrito en Saltillo, Villarreal obtuvo el 10 de febrero el amparo para no ser detenido por autoridades estatales.

Además del proceso judicial que se le sigue en el estado, el ex tesorero y ex secretario ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila (Satec) tiene una orden de aprehensión girada por un juez federal también por falsificación de documentos.

Villarreal es el principal acusado en el caso de uso de documentos falsos con los cuales el gobierno de Coahuila que terminó el 30 de noviembre pasado consiguió créditos bancarios de entre 2 mil y 5 mil 400 millones de pesos.

Junto a cuatro colaboradores, el ex titular del Satec aprovechó decretos del Congreso estatal como autorizaciones para tramitar el financiamiento, cuando en realidad los documentos legislativos habían servido para nombrar una regidora suplente y ratificar al contralor del Instituto Electoral del Estado de Coahuila.