Diversas organizaciones de derechos humanos lograron que la Procuraduría de Justicia Militar (PJM) enviara a la Procuraduría General de la República (PGR) las investigaciones por la desaparición forzada de Nitza, Rocío y José Ángel Alvarado, quienes el 29 de diciembre de 2009 fueron detenidos y luego desaparecidos por un grupo de militares en el municipio chihuahuense de Buenaventura.

El caso ha sido ventilado ante organismos internacionales, e incluso llevó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a emitir la recomendación 43/2011, donde señala al Ejército y la Policía Federal co-mo autores de la desaparición.

Luz Estela Castro, directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, señaló que el pasado 9 de febrero un grupo de familiares de las víctimas sostuvo una reunión con funcionarios de la PJM –instancia dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional–, en la cual se les informó que la justicia militar finalmente había declinado su competencia en este caso frente a la civil.

Nos dijeron que desde el 3 de enero de 2012 enviaron los 14 tomos de la investigación a la PGR. Esto es muy importante, y ahora pretendemos que (la procuradora) Marisela Morales retome el caso a profundidad, especialmente luego de que fuera detenido Elfego Luján, del 35 Batallón de Infantería en Casas Grandes, como presunto responsable de la desaparición forzosa y ejecución extrajudicial de los Alvarado, indicó la activista en charla telefónica con La Jornada.

Este asunto, además, dio pie a que por vez primera la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) analizara un posible abuso de las fuerzas armadas cometido durante el sexenio de Felipe Calderón, e incluso le haya solicitado al gobierno que otorgue medidas provisionales en favor de los parientes de los jóvenes, quienes han sufrido amena- zas y hostigamiento por exigir que se realice una investigación exhaustiva y se dé con el paradero de las víctimas.

La decisión de enviar el caso a la PGR, afirmó Castro, puede leerse como un éxito relativo que se logró no tanto por la buena voluntad de los militares o de Calderón, sino gracias a la presión de los ciudadanos, lo cual podría servir de antecedente para que otros abusos también sean analizados por los tribunales civiles.

Sin embargo, advirtió que si la procuradora no ordena una pesquisa completa que permita encontrar a los Alvarado y sancionar a los responsables de su desaparición, se corre el riesgo de exculpar a los militares de antemano y cerrar el caso sin resolverlo.

Ahora, con la detención de Elfego Luján, estamos muy cerca. Sólo falta voluntad política y que no nos salgan con que se declinó ante la justicia civil no por derecho constitucional, sino porque no hay elementos de responsabilidad. Si así fuera, estaríamos ante un acto de cinismo sin precedente, alertó.