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Poiré pide perdón a familiares de Paloma Angélica Escobar
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 24 de febrero de 2012, p. 12

Chihuahua, Chih., 23 de febrero. Los gobiernos federal y estatal pidieron perdón a la familia de Paloma Angélica Escobar Ledezma, por no haber esclarecido el asesinato de la joven, perpetrado hace diez años, así como por omisiones en que las autoridades de procuración de justicia incurrieron.

En una ceremonia especial, el fiscal general de Chihuahua, Carlos Manuel Salas, y el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, reconocieron la responsabilidad del Estado mexicano en la violación de garantías individuales, como parte de una sentencia que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Paloma Angélica Escobar, hija de la activista Norma Ledezma. Además, se comprometieron a continuar con los procesos de investigación, para dar con los responsables del homicidio.

Este reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano tiene un intenso sabor agridulce, no sólo por evocar la memoria de Paloma Angélica, sino porque nos permite evocar la memoria de todas las Palomas que han sufrido episodios lamentables, dijo Carlos Manuel Salas. Asimismo, hizo un reconocimiento a la lucha de Norma Ledezma por buscar que se haga justicia.

Las autoridades inauguraron un monumento en honor a Paloma Angélica en las instalaciones del Centro de Justicia para las Mujeres de la Fiscalía General de Chihuahua, donde ahora se atienden todos los casos relacionados con violencia de género.

Por su parte, el gobernador César Duarte consideró que reconocer el problema de la falta de justicia es un comienzo para que el gobierno asuma totalmente la responsabilidad de ir a fondo en la erradicación de la violencia contra las mujeres, y de la impunidad. Precisó que su administración asume la responsabilidad en este caso, mas no la culpa, y tiene la decisión de atender injusticias que pudieron evitarse.

El mandatario estatal afirmó que es tarea fundamental ofrecer condiciones de seguridad para que esos peligros no atenten contra la vida de ciudadanos, contra la libertad, el patrimonio y la seguridad.