La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) confirmó ayer que la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA) viola la Ley Ambiental del Distrito Federal, al haber instalado en una área natural protegida (ANP) del pueblo de San Francisco Tlaltenco, en la delegación Tláhuac, una planta para la fabricación de trabes (ballenas) y columnas de concreto –entre otros materiales– para la Autopista Urbana Sur (segundo piso del Periférico), que será de cuota y además no cuenta con el estudio de impacto ambiental requerido, por lo que enfrentaría algunas sanciones.

El lunes anterior, este diario publicó información relacionada con las afectaciones que, de acuerdo con habitantes de ese lugar, genera la constructora en sus viviendas, su salud y su entorno ambiental, pues desde mayo pasado elabora materiales de concreto en un área superior a 215 mil metros cuadrados, que comprende los parajes Zenzontlalpa, Tezontitla y Almayuca, localizados en las faldas del cerro de Guadalupe, que a decir de los pobladores forma parte de la Sierra de Santa Catarina.

ICA obtuvo –por medio de la sociedad Prefabricados y Transportes SA de CV– en julio de 2011 un permiso administrativo temporal revocable (PATR) del gobierno capitalino para instalarse en esos terrenos y hacer elementos prefabricados y precolados para su posterior traslado y ensamblado en la infraestructura vial requerida.

En entrevista, el titular de la PAOT, Miguel Ángel Cancino, detalló que la zona en la que está asentada la planta de ICA es área natural protegida, y si bien los representantes de esa firma tramitaron ante la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) del Distrito Federal la autorización del estudio de impacto ambiental, ésta no se le ha otorgado.

Esa empresa se fue por la libre e instaló su planta, y ya estamos acreditando y sustentando esas irregularidades conjuntamente con la dirección ejecutiva de Vigilancia Ambiental de la SMA (a cargo de Juan José Domínguez Daher), para que actúen en consecuencia y apliquen las sanciones, pues la PAOT carece de facultades sancionadoras, aseguraron funcionarios de la procuraduría.

Es claro –detallaron las fuentes– que ICA debió haber esperado el aval al estudio de impacto ambiental, lo cual no ha ocurrido porque es área natural protegida, pero se dedicó a negociar con los ejidatarios y con esa sola acción comenzó a fabricar las estructuras de concreto.