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Saldos de la Guerra Sucia

No hay justificación para negarse a recibir y cumplir recomendaciones

Preocupante, el reporte de la ONU sobre desaparición forzada, señala ombudsman

En 2011, la CNDH abrió 182 expedientes de personas reportadas en esa condición

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Integrantes del Comité Eureka e HIJOS, durante una manifestación frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde exigieron la presentación con vida de activistas y militantes políticos, y castigo a los responsables del delito de desaparición forzadaFoto Carlos Cisneros
 
Periódico La Jornada
Miércoles 7 de marzo de 2012, p. 3

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, señaló que es preocupante el informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el cual señala que funcionarios públicos de México participaron en delitos de ese tipo en el contexto de la guerra sucia que tiene lugar en el país.

Entrevistado ayer luego de presentar su informe anual de labores ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Plascencia dijo que ante violaciones graves a derechos humanos, como la desaparición forzada, la privación de la vida o la tortura, no existe justificación para una negativa a aceptar y cumplir recomendaciones.

El ombudsman recordó que en años recientes la CNDH ha emitido varias recomendaciones sobre desapariciones forzadas en hechos en los que participan servidores públicos.

Recordó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, que encabeza Genaro García Luna, no aceptó una recomendación –y no encuentra justificación alguna– acerca de un caso grave de desaparición forzada en el ejido de Buenaventura, Chihuahua.

Por otra parte, Plascencia manifestó que los penales del país continúan en condiciones muy deplorables y reveló que en casi la mitad de los centros penitenciarios existe un autogobierno de reclusos por la falta de controles administrativos internos.

Adelantó que en un diagnóstico sobre penales a escala nacional, que hará público en unos dos meses, la CNDH concluye que las prisiones continúan en condiciones muy deplorables. Puso de ejemplo el reciente cateo en un centro penitenciario de Nuevo León, donde encontraron granadas, armas y una serie de productos totalmente ilícitos, lo cual es reflejo de la situación que se vive y se padece en la mayor parte de los penales del país.

Antes, durante la lectura de su informe de labores –que hizo público hace unos días ante el Presidente de la República–, el ombudsman señaló que en 2011 la CNDH abrió 182 expedientes relacionados con personas reportadas como desaparecidas, además de más de 500 trabajos de campo y 31 mil solicitudes de información realizadas por el personal del organismo a diversas autoridades.

En 2011, sostuvo ante el pleno del máximo tribunal del país, la sociedad mexicana vivió momentos difíciles en materia de derechos humanos; por una parte, la problemática de seguridad pública, derivada de la lucha de las fuerzas del orden contra de la delincuencia organizada, y destacó el hecho de que en los enfrentamientos perdieran la vida 43 personas ajenas a los hechos; y por otra, la situación de vulnerabilidad que padecieron diversos grupos sociales, lo que propició el aumento de la indignación de la sociedad y el incremento sustancial en el número de quejas recibidas por la CNDH.

Por otra parte, Plascencia destacó las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos, que fueron producto del reclamo de la sociedad, preocupada por erradicar las violaciones a sus garantías, reflejadas en innumerables casos de arbitrariedades de servidores públicos que excedieron todos los límites jurídicos y sociales. Sin duda, concluyó, la modificación al texto constitucional no podrá por sí misma resolver de raíz todos los abusos, pero será un freno para quienes conciben el ejercicio del gobierno con una mentalidad autoritaria y abusiva.