El informe del Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones forzadas e involuntarias, en el cual revela que los cuerpos de seguridad en México están vinculados a este ilícito, deja en claro que el gobierno federal ha sido incapaz de frenar dicho crimen de lesa humanidad y que participa en él por acción u omisión, afirmaron integrantes de organizaciones sociales especializadas en el tema.

Señalaron que el documento, a pesar de que no tiene efectos vinculantes, puede fortalecer la posición de las víctimas y sus familiares, animar a más personas a denunciar y seguir buscando una adecuada impartición de justicia.

Javier Monroy, asesor del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados de Guerrero, celebró que el reporte incluya muchos de los datos que le entregaron diversos colectivos a los investigadores de la ONU, lo que puede ayudar, eventualmente, a que la información trascienda y sirva como método de presión para llegar a la verdad.

No se valoró el tema

Siempre hemos dicho que existen responsabilidades desde el Ministerio Público hasta el Presidente, por acción u omisión, pero desafortunadamente el gobierno, los partidos y hasta algunas organizaciones no gubernamentales (ONG) no habían visto el tema de las desapariciones forzadas de manera seria.

Agregó que en muchos casos no puede demostrarse plenamente la participación directa de policías o soldados, pero sí que ayudaron a encubrir y proteger a quienes cometieron los delitos, indicó.

Aunque el activista admitió que el informe no puede obligar al Estado mexicano a cambiar su actitud, consideró que sí puede servir como un instrumento que nos da reconocimiento y nos permite avanzar en la conformación de una fuerza social que detenga esta guerra. Además, da confianza a las víctimas para denunciar y deja en claro que el gobierno no sólo no ha podido frenar estos crímenes, sino que está aliado con quienes los cometen.

Blanca Hernández, presidenta de la Fundación Diego Lucero, dijo que la impunidad de las desapariciones forzadas que se cometen hoy es producto directo de las del pasado, en la época de la llamada guerra sucia.

“La única solución a estos abusos es que el Estado cumpla con los tratados internacionales que ha firmado, y para eso es necesario que la sociedad civil esté presente y dé seguimiento a lo que haga el gobierno. Son compromisos que todos debemos exigir que se cumplan, además de que se legisle sobre desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales”, añadió.