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Asistieron el sacerdote Solalinde y los directores de Cencos, Brisa Maya, y de AI, Alberto Herrera

Fue presentada en el Senado la iniciativa para proteger a activistas y comunicadores

La respaldan 76 legisladores de PAN, PRI, PRD y PVEM; fue elaborada conjuntamente con varias ONG y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos

 
Periódico La Jornada
Viernes 16 de marzo de 2012, p. 11

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Organizaciones no Gubernamentales del Senado de la República, Rubén Camarillo (PAN), presentó en tribuna la iniciativa que expide la Ley para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, que crea el mecanismo encaminado a salvaguardar la integridad física de ese sector de la población.

Durante la presentación estuvieron presentes en la nueva sede senatorial el sacerdote Alejandro Solalinde, director del albergue para migrantes Hermanos en el Camino, ubicado en Ixtepec, Oaxaca; la directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Brisa Maya Solís, y el director de Amnistía Internacional (AI), Alberto Herrera, entre otros, quienes posteriormente, en conferencia de prensa, llamaron a los legisladores a aprobar la iniciativa en ambas cámaras del Congreso en este periodo de sesiones, y subrayaron que la misma recoge las recomendaciones que organismos internacionales han girado a México.

La iniciativa referida es apoyada por 76 senadores de PAN, PRI, PRD y PVEM, y fue elaborada conjuntamente con las organizaciones defensoras de derechos humanos, de defensa de periodistas y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

El senador Camarillo refirió el informe 2010 de esa instancia internacional, donde se denunció que en América Latina y en México se han incrementado los ataques, homicidios y procesos penales fabricados contra defensores y periodistas como represalia por su labor, además de que la impunidad rige en 98 por ciento de los casos.

El legislador panista resaltó que la ley servirá “para que ya no tengamos que lamentar casos como el de las defensoras Marisela Reyes Salazar y su familia, en Ciudad Juárez; el de Nepomuceno Moreno Núñez, en Sonora; de Norma y María Luisa Andrade, en Chihuahua; Agnes Torres Hernández, en Puebla; Maximino García Catarino, en Oaxaca; Anabel Hernández García, en el Distrito Federal; el de la revista Luces del Siglo, en Quintana Roo, o el del activista Alejandro Cerezo y su familia”.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos para su dictaminación.