La impunidad de los homicidios cometidos en todo el país va en aumento. Mientras en 2010 se dictó sentencia condenatoria en 24 de cada 100 muertes, un año después esta cifra disminuyó a 18 de cada 100, de acuerdo con datos estadísticos del Poder Judicial Federal (PJF) y de la Procuraduría General de la República (PGR).

Este porcentaje de resolución judicial es el segundo más bajo en la década reciente.

Desde 2009 se ha presentado un repunte de los homicidios en México, impulsado sobre todo por los asesinatos cometidos por el crimen organizado.

En 2010 las procuradurías de justicia de las 32 entidades federativas reportaron al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) haber iniciado 25 mil 133 averiguaciones previas, tanto por homicidios dolosos, es decir aquellos que fueron intencionales, como culposos, o sea ajenos a la voluntad del responsable.

En ese mismo año, de acuerdo con datos del PJF, se dictaron 6 mil 54 sentencias por ese delito en ambas modalidades, cifra que representa 24 por ciento de las averiguaciones iniciadas en ese periodo.

En 2011 las agencias del Ministerio Público abrieron 28 mil 18 indagatorias, y en ese periodo fueron dictadas 6 mil 236 sentencias, que representan 22.2 por ciento.

Todas las cifras están referidas tanto a homicidios dolosos como culposos, pues aunque las del SNSP sí distinguen entre una y otra modalidad, la PGR no lo hace y por tanto no se puede diferenciar qué porcentaje de sentencias recaen sobre los asesinatos y sobre las demás muertes.

A decir de un juez de procesos penales consultado, el problema es que los juicios en México son muy largos, porque las leyes procesales mexicanas implican infinidad de vericuetos y posibilidades legales para los acusados (apelaciones, revisiones, amparos, entre otros recursos jurídicos), lo que pone a los juzgadores mexicanos por debajo del estándar internacional, pues en países como Estados Unidos y Canadá cuando menos 50 por ciento de los homicidios son sancionados.