Cada año ingresan al territorio mexicano alrededor de 150 mil migrantes indocumentados, la mayoría provenientes de Centroamérica, aseguró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En tanto, organismos de la sociedad civil indican que esta cifra es superior a 400 mil personas.

En su paso por México, estas personas enfrentan riesgos de ser víctimas del crimen organizado. Tan sólo entre abril y septiembre de 2010, la CNDH documentó 214 eventos de secuestro en diferentes entidades federativas, con un saldo de 11 mil 333 víctimas.

Ante este fenómeno, ese organismo nacional mantiene 15 oficinas regionales de atención y apoyo a migrantes sin distinción alguna y lucha por evitar que sean víctimas del abuso del poder, de la omisión de servidores públicos y del delito. En el mundo actual, ningún ser humano debe verse obligado a emigrar para sobrevivir. La migración debe ser una opción libre y planificada, que disponga de medios legales y ordenados, planteó el organismo presidido por Raúl Plascencia.

Las oficinas de atención se ubican en Coatzacoalcos, Veracruz; San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Tijuana, Baja California; Ixtepec, Oaxaca, y en la capital de San Luis Potosí, entre otras.