ace unos años, cuando dio inicio la actual legislatura, los diputados de izquierda me invitaron a darles una charla sobre derecho parlamentario, al final entre bromas y veras, les di dos recomendaciones derivadas de mi experiencia legislativa. La primera fue que no pensaran que lo importante de la política sucede en el Congreso, que ahí llegan los asuntos ya negociados, y la segunda, que en caso de duda votaran en contra.
Recordé el segundo consejo con motivo del voto mayoritario en la Cámara de Diputados en favor de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, favorecida por el voto aprobatorio de parlamentarios de varios partidos, aun cuando, con acertada opinión y argumentación en contra, del diputado del Partido del Trabajo Jaime Cárdenas Gracia. Recordé con ello las tácticas de presión y aturdimiento que se emplean para sacar a última hora leyes no bien pensadas y casi siempre de compromiso.
En relación con el debate de esta importante ley, recibí un artículo bien documentado del licenciado Aquiles González Navarro, de Zacatecas, que tuvo la amabilidad de enviarme, con información sobre el tema. Destaca el jurista zacatecano que la Ley de Justicia para Adolescentes contradice tratados internacionales encaminados a proteger los derechos de los niños. En especial es contradictoria la reforma por la cual se disminuye la edad penal de 18 a 14 años.
Sugiere don Aquiles que el apresuramiento legislativo alrededor de esta ley se originó como respuesta a las críticas impacientes de Felipe Calderón, quien pretende culpar al Legislativo (esto es agregado mío) del fracaso de la que él mismo bautizó como guerra contra el narco y la delincuencia organizada; es más fácil pretender que se afrontan los problemas del país proponiendo leyes que el Legislativo no aprueba o retrasa, que aplicar las que están vigentes, que son las que le obligan.
Puede ser que a los legisladores les haya sido difícil oponerse a lo que aparentemente opinan todos, pero que en realidad es el punto de vista de un pequeño sector de la sociedad atemorizado y nervioso, y de los medios de comunicación, voceros de los poderes formal e informal, este último más poder que el otro, más responsable, puesto que, por un lado fomenta el temor en la población y, por otro, exige mano dura en la lucha contra quienes son considerados enemigos que hay que exterminar, ahora, aun cuando sean niños. Perseguir a menores y adolescentes como si fueran adultos, cuando se ven involucrados en delitos del orden federal, es un contrasentido, pero es también un paso más en la escalada hacia un Estado autoritario; las facultades que se dieron a la policía en las reformas constitucionales de 2008 y posteriormente en leyes secundarias, abrieron las puertas a muchas arbitrariedades de las que nos lamentamos; ahora también los menores de edad estarán en riesgo de ser víctimas de esa legislación autoritaria, con menos posibilidades de defenderse.
Parece que los gobernantes no pueden o no quieren entender que los delitos no surgen de la nada, que son producto de un ambiente socioeconómico degradado y de una sociedad avasallada por valores del neoliberalismo, que ponen como modelos a seguir al que triunfa económicamente, sean cuales sean los caminos para lograrlo.
Un muchacho de 14 o 15 años, acercándose apenas a la adolescencia, podrá hoy ser víctima de los procedimientos contrarios a los derechos humanos a que están sujetos quienes son considerados integrantes de la delincuencia organizada; no tardaremos en ver niños arraigados por semanas o meses, sus casas allanadas o bien señalados por misteriosos testigos protegidos. En una de esas, hasta pueden ser protagonistas de un reality show preparado por la policía para mostrar su eficacia.
La solución ha sido ya señalada y probada con éxito en la ciudad de México, hay que atender las causas del delito antes que endurecer normas, aumentar penas y disminuir la edad penal. Primero abatir la injusticia social y dar a los jóvenes y a los niños oportunidades de una vida sana, en un ambiente propicio para su formación, abrir escuelas, bibliotecas y centros deportivos para sacarlos de los ambientes donde la delincuencia se genera; los legisladores serían los primeros en hacer lo mejor para educar a la juventud, dando un buen ejemplo en el cumplimiento de su trabajo y en su vida personal.
El licenciado González Navarro, recuerda en su artículo –Legisladores federales reinventando la injusticia
– que México firmó la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada en el seno de la Organización de las Naciones Unidas en 1959, en la cual se define a los niños o a las niñas, como los seres humanos menores de 18 años. A este instrumento de derecho internacional y a otros similares los contradice esta ley federal, que trata a menores como si fueran adultos, sin consideración alguna a su falta de madurez e inexperiencia.
